El Fondo de Pensiones Global del Estado noruego es uno de los mayores del mundo. Invierte las ganancias procedentes del petróleo y gestiona unos activos de US$800.000 millones, que para un país de poco más de 5 millones de habitantes supone un fondo por persona relevante.
Desde su creación en 1990, las inversiones de este fondo se rigen por unos principios muy conservadores. Inicialmente solo podía invertir en bonos soberanos, aunque más tarde se abrió el abanico a la deuda corporativa, las acciones y los inmuebles. Y además, se rige por un Consejo Ético que mantiene una ‘lista negra’ de 60 empresas vetadas donde el Fondo de Pensiones no puede invertir.
Recientemente el Ministerio de Finanzas noruego ha añadido cinco empresas a esta lista siguiendo las recomendaciones del Consejo Ético. Entre ellas hay empresas petroleras, mineras y forestales, vetadas por constituir un riesgo para el medioambiente, o empresas químicas excluidas por explotación de mano de obra infantil.
Pero el problema que se plantea en este momento es que la rentabilidad del fondo está disminuyendo. Desde que comenzó a operar como fondo soberano en 1998 acumula un rendimiento medio del 3,41% anual, inferior al 4% establecido como objetivo.
El gobierno se está planteando suavizar los criterios de selección de activos e introducir algo más de riesgo. Algunos economistas, como Sony Kapoor, profesor de la London School of Economics, consideran que el fondo debería invertir en mercados emergentes para beneficiarse del crecimiento a largo plazo. Esto sería bueno para Noruega, permitiría un crecimiento más rápido de los países más pobres y crearía millones de empleos muy necesarios.
Sin embargo, los gestores del fondo pueden verse tentados a invertir en tierras agrícolas, como ya están haciendo otros fondos en Suecia o Holanda. La adquisición de grandes extensiones agrícolas ya está generando conflictos y controversias alrededor del mundo, con estudios que indican que estos proyectos perjudican a las comunidades locales y promueven una forma de agricultura inapropiada. A nivel mundial, estos flujos podrían aumentar los precios de los alimentos, lo que repercutiría muy negativamente en las comunidades rurales más pobres.
Garantizar una pensión digna para la jubilación es un objetivo bien noble. Sería deseable que la inversión de Fondos de Pensiones se realizara siempre aplicando criterios éticos, valorando las posibles consecuencias a futuro de las decisiones adoptadas.
*Esta columna fue publicada originalmente en el blog Factor Trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
