¿Trae el libre comercio siempre bienestar para todos? En el caso de Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el balance es ambiguo. La lección más importante: mejor sería un comercio sin subvenciones.
Tribunales de arbitraje, pérdida de empleos y la influencia de cabilderos: tres difundidos temores de la gente a ambos lados del Atlántico cuando se habla de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI), conocida en inglés como Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). En el caso del TLCAN, entre Estados Unidos, Canadá y México, aún no se sabe a ciencia cierta qué pensar de esos temores, incluso 22 años después de ser firmado.
Algunos analistas dicen que el TLCAN creó un millón de puestos de trabajo en Estados Unidos; otros dicen que destruyó 700.000 empleos. Lo único que se puede probar es que el comercio entre los tres países se multiplicó por tres en los primeros 20 años del tratado.
Los adversarios del TLCAN dicen que este generó miseria en México, empeorando desde 1994 la situación de los pobres, sobre todo en las zonas rurales: muchos pequeños agricultores, particularmente los plantadores de maíz, debieron abandonar sus cultivos, por no poder competir con el maíz estadounidense subvencionado.
La consecuencia: las importaciones de maíz de EE. UU. aumentaron en México fuertemente desde 1994. Pero no fue el TLCAN lo que ayudó a los exportadores estadounidenses de maíz a aumentar sus ventas, sino las subvenciones del Gobierno norteamericano.
Subvenciones y lobbys. Simultáneamente, sin embargo, en México fueron creados miles de puestos de trabajo en la industria, muchos de ellos debidos a inversiones de empresas norteamericanas, pero también de otros países, por ejemplo de fabricantes alemanes de automóviles.
Algo similar podría suceder con el ATCI: empresas estadounidenses podrían quitarle participación en el mercado a empresas europeas y viceversa. También en este caso desempeñan las subvenciones un importante papel, pues poderosos lobbys quieren arrancarles a los respectivos Gobiernos concesiones en ese sentido.
Sobre esas cuestiones giran también las negociaciones en torno al ATCI. Se teme que todo lo que vaya más allá de una reducción generalizada de aranceles aduaneros beneficiará a los grandes grupos económicos. El temor a que los lobbys impongan sus criterios se fundamenta con que las negociaciones se llevan a cabo excluyendo mayormente a la opinión pública.
Los temores pesan más aún porque algunas regulaciones pueden llevar a demandas de inversionistas, por ejemplo, cuando un Gobierno define normas o estándares que ponen en peligro inversiones de empresas extranjeras.
Tribunales arbitrales y Justicia nacional. En el TLCAN, las demandas de inversionistas están reguladas en el capítulo 11. Desde 1994 se han registrado numerosas demandas contra los tres Gobiernos del tratado. En un estudio estadounidense de 2008 se llega a la conclusión de que esas juicios son largos y caros, los fallos favorecen por lo general a los Gobiernos y las empresas casi no son resarcidas cuando sufren pérdidas.
Incluso investigadores del think tank estadounidense Cato Institute, generalmente crítico con respecto a los Gobiernos, cuestionan esa práctica.
Jason Yackee, jurista especializado en Derecho Internacional de Inversiones en la Universidad de Wisconsin, llega a la conclusión de que los tribunales de arbitraje son superfluos en los nuevos tratados comerciales internacionales, pues originalmente se habían creado para proteger inversiones en países sin una Justicia independiente.
A pesar de que los tribunales de arbitraje evaden a la Justicia nacional, los negociadores del ATCI parecen querer anclarlos también en este acuerdo. En Alemania, los tribunales de arbitraje son muy criticados, sobre todo desde que la empresa de electricidad sueca Vattenfall exige de Alemania 4.500 millones de euros debido a la decisión del Gobierno germano de desconectar hasta el año 2022 todos los reactores atómicos. Dos de ellos son de Vattenfall.
