El informe de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública hace énfasis en la inequidad y la mala distribución de los ingresos que hay en varios sistemas críticos para la población del país, como el caso de las pensiones.

Bogotá. Esta semana quedó listo el informe de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, que fue creada por el Gobierno en febrero de 2017 para hacer recomendaciones acerca de cómo rediseñar el esquema de gastos del país.

El documento fue presentado casi en paralelo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el que se ratificó la meta de llegar a un déficit fiscal de 3,6% en 2017, en concordancia con lo establecido en la Regla Fiscal. Para el siguiente año, la meta de déficit fiscal es de 3,1% del PIB, que va de la mano con un crecimiento estimado de 2,7% y un recaudo tributario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por $135 billones (US$45.361 millones).

El informe de la Comisión hace recomendaciones que, en general, intentan volver más eficiente el gasto. No se trata tanto de una reducción, sino más bien de un diseño más inteligente en la forma como se invierten los recursos públicos en temas como educación, empleo público, proceso presupuestal, compras y contratación pública, gasto público en salud y pensiones, entre otros. “…existe evidencia de que el gasto público en Colombia puede mejorar en eficiencia y eficacia en cuanto a lograr los resultados deseados y, además, no contribuye lo suficiente a una mejor distribución del ingreso.

De adoptarse las recomendaciones en materia de eficiencia y focalización, se lograrían mejores resultados tanto económicos como sociales con los recursos hoy disponibles y se imprimiría una mayor sostenibilidad al gasto público a mediano plazo”, se lee en la presentación del documento.

Antes de entrar en materia, la Comisión hace una advertencia particular al decir que, si bien su mandato no es analizar los ingresos sino los gastos del Estado, hace un llamado al Gobierno para que revise la estrategia para hacerse a más recursos (tema que ya abordó otra comisión especial, la de Equidad y Competitividad Tributaria).

La recomendación de la comisión pareciera ir en la onda de lo expresado por académicos y analistas: las pasadas dos reformas tributarias (en particular la última) no solucionaron los problemas con los ingresos: “…esta Comisión considera importante que el Gobierno evalúe de nuevo medidas para lograr un mayor recaudo y un sistema tributario más eficiente y equitativo”. 

En varios apartados del documento se hace énfasis en la inequidad y la mala distribución de los ingresos que hay en varios sistemas críticos para la población del país. Uno de estos tiene que ver especialmente con las pensiones, una de las bombas de tiempo de la economía colombiana.

En un resumen rápido, el esquema de pensiones tiene tres grandes problemas, a los ojos de la Comisión: baja cobertura, el gasto público del sistema es altamente regresivo y éste resulta,a su vez, “alarmantemente costoso en términos fiscales”.

Los principales puntos identificados por la Comisión en el tema pensiones son estos:

-Los recursos para cubrir las pensiones han crecido de manera significativa: entre 1990 y 2005 pasaron de ser el 0,6% del PIB a 3,7% del PIB. Se espera que para 2017 esta cifra llegue a 3,9%. “Cerca de dos terceras partes del desequilibrio pensional corresponde a los regímenes especiales que todavía rigen (maestros, militares y policías), así como al pago de pensiones en los regímenes que se encuentran en marchitamiento y para los cuales el Fondo de Pensiones de Entidades Públicas (FOPEP) no tiene respaldo suficiente”, advierte la comisión.

-Lo anterior se suma a que, según la comisión, uno de los mayores problemas es que el sistema pensional come enormes recursos, pero su cobertura es más bien escasa:  apenas 24% de los mayores de 65 años tienen actualmente acceso a una pensión. Y si el escenario se mantiene de esta forma, la cifra llegaría a 17% para 2050.

-La comisión estima que el gasto público en pensiones es altamente regresivo. Según cifras del informe “hay una alta concentración de los subsidios en los niveles de ingreso elevado que sólo representan el 3% de la población: 86% de los subsidios pensionales se dirigen al 20% más rico de la población, mientras el quintil de más bajos ingresos solo recibe el 0.1% de los subsidios”. El documento también señala que 46% de la población no alcanza a financiar una pensión mínima con sus cotizaciones (aunque tampoco está en situación de pobreza), pero sí termina financiando las pensiones de las personas con mejores ingresos mediante aportes al sistema. 

-La sostenibilidad del sistema está en entredicho (aunque esta sea una verdad largamente conocida). El informe sostiene que Colombia tiene el gasto en pensiones no contributivas y el tamaño del subsidio más bajo de la región”.

Con este diagnóstico, la comisión hace varias recomendaciones que, con seguridad, despertarán un vivo debate. La idea es actuar en seis frentes, que incluyen ajustes al sistema general de pensiones, racionalizar “los sistemas de pensiones y asignaciones de retiro de maestros ymilitares” y ampliar el alcance del apoyo para las personas más mayores que no contribuyan al sistema, entre otras.

Las recomendaciones textuales de la Comisión son las siguientes:

-Aumentar la edad de jubilación, vinculándola de manera sistemática y periódica a parámetros demográficos. (Lea "Anif propone elevar en 5 años edad para pensión y marchitar Colpensiones")

-Utilizar el promedio del salario de toda la vida laboral o al menos el de los últimos 20 años (en vez de los últimos 10 que se utilizan actualmente) para calcular el ingreso base de liquidación en el RPM (régimen de prima media), con el fin de reducir la magnitud de los subsidios y las inequidades que se generan contra las personas que tienen una senda de ingresos con menor crecimiento o incluso con decrecimiento a lo largo de la vida laboral.

-Aumentar los porcentajes de cotización a 18% para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema.

-Reducir el tope existente actualmente para las pensiones del RPM que en este momento se ubica en 25 salarios mínimos, el cual resulta atípicamente elevado en cualquier comparación internacional.

-Establecer un gravamen a las pensiones altas.