La iniciativa busca crear una entidad similar a Codelco con la minería del cobre, y se plantea como un elemento vital para el desarrollo del país, y su aporte al medio ambiente, según destaca el documento ingresado a la cámara de diputados de ese país por la bancada del Partido Comunista.

La Mesa de la Cámara de Diputados declaró admisible un proyecto de ley que pretende reformar la Constitución para crear una empresa que explote y desarrollo de la industria del litio.

Se trata de una idea que pretende crear la Empresa Estatal del Litio, similar a Codelco con la minería del cobre, y que se plantea como un elemento vital para el desarrollo del país, y su aporte al medio ambiente, según destaca el documento ingresado por la bancada del Partido Comunista.

Pese a las aprensiones originales, la mesa de la Cámara declaró admisible este proyecto, que comenzará a tramitarse como proyecto de la República.

De acuerdo al proyecto, la idea nace de la alta concentración en la producción de litio a nivel mundial, que actualmente está en manos de 5 actores controlan cerca del 90% de la oferta.

Según datos de la Corfo, Albemarle (Rockwood) controla un 17% de la producción, SQM un 24%, China un 14%, FMC (Argentina) un 9% y Tianqui –Albermarle (empresa China-EEUU) un 24%, detalla la iniciativa.

En Chile, en tanto, operan dos de estas empresas: SQM, empresa chilena privatizada en dictadura controlada por Julio Ponce Lerou, y Albermarle, transnacional de EEUU que adquirió Rockwood. Ambas empresas sitúan sus labores en el Salar de Atacama, concentrando el 43% de la oferta de litio a nivel mundial.

Cabe destacar que las reservas de litio del Salar de Atacama son las más importantes a nivel mundial. De las 14,3 millones de toneladas de litio estimadas como reserva, 7,5 millones se encontrarían en este salar. Por otro lado, en términos de ventajas comparativas, los costos de elaboración de este mineral en Atacama son los más bajos del mundo dadas las condiciones de evaporación producto del clima de la zona y la infraestructura ya instalada gracias a la cercania con las faenas de la gran minería del cobre.

Asimismo, la gran mayoría de estas pertenencias son propiedad del Estado -a través de Corfo-, y están entregadas en arrendamiento a SQM, pese a lo cual actualmente se encuentra en juicio arbitral con la Corporación de Fomento de la Producción por un supuesto incumplimiento de contrato.

A esto, se suma el polémico financiamiento irregular de campañas políticas, tanto de derecha, como la UDI y RN, así como de la centroizquierda, como el PS, PPD y el PRO.

Además, la Superintendencia del Medio Ambiente ha presentado 6 cargos contra SQM, relacionados con el cambio unilateral de los niveles de trabajo, la extracción de salmuera no autorizada, el deterioro de la flora y la no entrega de información, entre otros.