Argos y Holcim aseguran que entregaron las pruebas que demuestran su inocencia ante las acusaciones de acordar los precios del cemento, por lo que no comparten la decisión que los obliga pagar US$66 millones.

Este martes la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) reveló que las investigaciones adelantadas en contra de las tres cementeras más importantes de Colombia: Cemex, Argos y Holcim, permitieron concluir que sí hubo un acuerdo entre las empresas para fijar los precios del cemento.

Por lo anterior, la entidad decidió multar a estas organizaciones y seis de sus altos directivos por más de $200.000 millones (US$66,3 millones).

En su defensa Argos y Holcim se pronunciaron al respecto diciendo que entregaron de manera oportuna el material probatorio que demuestra su inocencia, y por este motivo, no comparten la decisión tomada por la SIC.

“Argos no comparte y rechaza la decisión de la Superintendencia por cuanto en el curso de la investigación aportó todos los argumentos y pruebas que demuestran que no incurrió ni en paralelismo consciente de precios, ni en cartelización, ni en una práctica contraria a la libre competencia”, comunicó Argos.

Por su parte Holcim declaró que “no comparte esta primera decisión recientemente informada. La compañía entregó de forma oportuna pruebas contundentes que demuestran que estas conductas anticompetitivas nunca existieron”.

A su defensa Argos añadió que incluso aportó un estudio económico, desarrollado por expertos independientes, que concluyó que no hubo un acuerdo de precios. “quedó claro que nunca existió intercambio de información sensible, ni comportamientos colaborativos entre Argos y sus competidores, por el contrario, la empresa adoptó sus decisiones de precios de forma autónoma”, expresó la empresa.

Holcim aseguró que interpondrá los recursos administrativos y acciones judiciales necesarios para demostrar que no miente al decir que las acusaciones que la señalan de cartelización empresarial son equivocadas. Igual declaración realizó Argos.

Cemex, por su parte, se limitó a decir que utilizará los recursos legales que tiene a su disposición para reversar la sanción emitida por la entidad. Se espera que en un primer momento se presente un recurso de reposición solicitando a la SIC para que revoque la multa y archive la investigación. Si después de lo anterior la Superintendencia sigue manteniendo su posición, la siguiente carta que jugaría la empresa sería una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa.