El presidente de SQM, Alberto Salas, dijo en un comunicado este viernes que aunque la compañía creía que contratar a Julio Ponce Ponce no violaba los términos del contrato con el gobierno, la controversia pública por la decisión había provocado la reversión.

Santiago. - La minera chilena SQM dijo este viernes que decidió no contratar como asesor a su polémico accionista controlador Julio Ponce, revirtiendo una decisión que generó una ola de críticas de políticos y de la comunidad empresarial local.

SQM, una de las mayores productoras mundiales de litio, anunció a comienzos de junio planes para contratar a Ponce, pocos meses después de firmar un acuerdo con el gobierno para aumentar su cuota de extracción del mineral a cambio de que el empresario y su familia se retiraran de la toma de decisiones.

El presidente de SQM, Alberto Salas, dijo en un comunicado este viernes que aunque la compañía creía que contratar a Ponce no violaba los términos de ese contrato, la controversia pública por la decisión había provocado la reversión.

"Dado que su incorporación como asesor ha causado públicas diferencias de opinión, hemos consensuado con Julio Ponce que no será asesor de SQM", dijo Salas. Ponce, exyerno del fallecido dictador Augusto Pinochet, es una figura controvertida en Chile. Ha ocupado el poder en SQM desde que fue privatizada bajo el régimen de Pinochet en la década de 1980 y sigue siendo el mayor accionista.

En 2014, fue multado por manipulación de mercado. Además, bajo su mando la empresa estuvo inmersa en escándalos por financiamiento ilegal de campañas políticas.    La agencia estatal de desarrollo Corfo, que supervisa el arrendamiento del Salar de Atacama a SQM, principal fuente de litio para la firma, dijo inicialmente que encontraba que la prohibición que impedía que Ponce y su familia fueran parte del directorio o de la plana ejecutiva no le impedía asumir un rol de "asesor".

La agencia luego presionó a la compañía para obtener más detalles.

El regreso de Ponce a la compañía generó críticas de políticos tanto de la coalición gobernante como de la oposición, así como de líderes de los principales gremios empresariales.

    De hecho, el ministro de Hacienda a principios de este mes describió la medida como "imprudente".