A un año de la intervención que eliminó la posibilidad de un drástico racionamiento de electricidad en la costa Norte, esta casi listo el informe que permitirá buscar un nuevo operador.
Ante el cierre de las puertas bancarias a las pretensiones de Electricaribe de conseguir nuevos recursos para seguir adelante con la prestación del servicio y la compra de energía en el mercado mayoristas, el Gobierno le aprobó un giro de $135.000 millones (US$44,5 millones) que se suman a los $150.000 millones (US$49,5 millones) de los recursos propios de la Superintendencia de Servicios Públicos que ya fueron puestos a disposición de la electrificadora que sirve a la costa Caribe.
El superintendente José Miguel Mendoza indicó una vez se hagan públicas las recomendaciones del equipo estructurador, empezará la fase final de la intervención, durante la cual se buscará vincular un operador que asuma la prestación del servicio de energía eléctrica. El anuncio fue hecho al cumplirse un año de la intervención de la sociedad que estaba en manos del grupo español liderado por Gas Natural Fenosa. La costa Caribe estuvo a punto de ser sometida a un intenso racionamiento sí la empresa hubiera seguido en manos de los empresarios españoles.
El funcionario explicó que la entidad de control ejecutará un nuevo paquete de medidas para asegurar la buena marcha de la compañía durante la etapa final del proceso de intervención y posterior liquidación de la corporación eléctrica.
“En apenas un año logramos poner en marcha la intervención más compleja en la historia del sector eléctrico colombiano, estabilizar a una compañía sumida en una profunda crisis financiera y preparar un diagnóstico exhaustivo que sirvió de base para ordenar la liquidación de Electricaribe”, dijo Mendoza.
Anunció que para financiar el plan de inversiones de Electricaribe “se busca conseguir recursos para introducir mejoras en la red de distribución de Electricaribe mientras se surten los trámites de consecución de un nuevo operador”
Como condición para recibir los recursos públicos que se usarán para financiar la operación de la compañía y las inversiones en su red de distribución, la empresa eléctrica debe implementar diversas medidas de gobierno corporativo destiladas de las mejores prácticas internacional.
José Miguel Mendoza explicó que la intervención de Electricaribe permitió no sólo evitar un racionamiento generalizado de energía en la Costa Caribe, sino también asegurar la prestación continuada de ese servicio en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Son 2,5 millones de usuarios que comprende alrededor de 10 millones de personas.
La intervención y posterior liquidación abrió la posibilidad de vincular un operador que se comprometa a hacer las inversiones requeridas para mejorar la calidad del servicio de energía actualmente a cargo de Electricaribe.
Para conseguir el aporte de un nuevo operador para atender el mercado de la costa Caribe, fue contratado un equipo estructurador que lidera la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y compuesto por bancas de inversión, firmas de abogados y expertos regulatorios, de manera que permitan diseñar una solución definitiva para la continuidad y mejoramiento de la prestación del servicio de energía en el Caribe. Está previsto que el informe final del equipo estructurador se haga público a finales de noviembre de este año.
Sobre la deuda que Electricaribe tiene con los bancos colombianos, que asciende a $2,4 billones, Mendoza explicó que el pago se hará de acuerdo al proceso de insolvencia tras la liquidación de los bienes de la sociedad. El pago a los acreedores se hará con el producto de la venta de los activos o la estructura que se seleccione para conseguir el nuevo operador. Varias son las alternativas para conseguir esos recursos: un proceso de venta pura y simple de la red de distribución y “servirá para pagar a los acreedores con el orden de prelación legal que establece inicialmente el Código Civil. Hay un orden de pagos y eso deberá cumplirse”, dijo José Miguel Mendoza.
Debido al grado de deterioro en que dejó a Electricaribe el grupo español, se va a solicitar una nueva garantía soberana por un monto que no se ha definido, que le permitan anticipar unos recursos a Electricaribe para que pueda invertir en el mantenimiento de subestaciones y remplazo de transformadores para que pueda seguir operando durante 2018.
Para atender la eventualidad de la presencia de una escasez de agua en el primer semestre de 2018, Electricaribe ha reducido su exposición en la Bolsa Eléctrica, “la cual lo inmuniza, por lo menos parcialmente, ante los efectos de una nueva sequía o de un nuevo fenómeno de El Niño”. Cuando la empresa eléctrica era operada por el grupo español, la exposición en bolsa era del 65% y actualmente es apenas del 30%.
Como la exposición en bolsa era alta, “cualquier fluctuación hacia arriba de los precios de compra de energía en XM (administrador del mercado) podría golpear las finanzas de Electricaribe como lo hizo durante el (fenómeno de) El Niño de 2015 y 2016”. Hoy se compra casi el 70% de la energía en forma directa y eso ayuda a que la sociedad no tenga problemas.
Una vez se conoció la decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos de liquidar la empresa por el alto grado de deterioro de sus finanzas, el grupo Gas Natural Fenosa amenazó con preserntar una demanda contra Colombia. Varios días después hizo efectiva esa advertencia presentando una queja ante el El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial .
Mendoza señaló que la Superintendencia "tiene ciento de demandas por las decisiones que toma y esta es una demanda adicional a esas, y defenderemos la posición de Colombia". Reiteró que cuando se tomó la decisión de intervenir "solo había dos opciones: o interveníamos o se iba la luz (electricidad) en toda la costa (Norte)".
Reiteró que "estamos preparados para defender hasta las últimas instancias necesarias, la posición del gobierno colombiano ante cualquier demanda nacional e internacional".
