La zona en cuestión es la de Ngäbe Buglé, ubicada en las cercanías de Costa Rica y que da hacia el Océano Atlántico.

El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli sancionó este lunes la ley que prohíbe la explotación minera, y crea un régimen especial para la protección de los recursos hídricos y ambientales en la comarca indígena Ngäbe Buglé.

La “Ley 11 de 26 de marzo de 2012” reúne lo consensuado por la Coordinadora Indígena y el gobierno dentro de un diálogo que se mantuvo por varias semanas antes de que fuera aprobada por diputados de la Asamblea Legislativa la semana pasada.

El nuevo estatuto “modifica artículos del Código de los Recursos minerales y contempla indemnizaciones previas en casos de daños, afectaciones o traslados como consecuencias de proyectos hidroeléctricos en la comarca indígena”, aplicable también a las comunidades Ngäbe-Buglé adyacentes, definidas o delimitadas, según diputados.

El ministro de gobierno, Ricardo Fábrega quien lideró las negociaciones anticipó que la aprobación de ley es “un gesto de buena voluntad” del gobierno en beneficio de las poblaciones indígenas panameñas que exigen mejores condiciones de vida.

La ley reconoce el derecho de la comarca al uso, manejo y aprovechamiento tradicional sostenible de los recursos renovables, y “prohíbe el otorgamiento de concesiones para la exploración, explotación, y extracción de minería metálica, no metálica y sus derivados en la comarca”, áreas anexas y comunidades Ngäbe-Buglé adyacentes por cualquier personal natural o jurídico, nacional o extranjera.

Asimismo establece que cualquier desarrollo hidroeléctrico en las áreas indígenas o cercanas deberá ser sometido antes al consenso y aprobación de las autoridades comarcales, asimismo contempla sanciones entre US$10.000 y US$100.000 para quienes violen la disposición.

Para futuros proyectos que se realicen en la zona, la ley también contempla beneficios como que un 5% de la facturación anual del mismo será destinado a la comarca, mientras que el 25% de los trabajadores técnicos y no especializados, sean lugareños.

La oposición de los indígenas primero a la exploración minera y luego, a la construcción de hidroeléctricas generó protestas y cierres de calles por varias semanas en la capital, Chiriquí y Bocas del Toro, a raíz de las cuales en varias ocasiones quedó suspendido el movimiento de carga y transporte de pasajeros hacia y desde Centroamérica con pérdidas millonarias, según gremios empresariales.

Antes, el gobierno ya había aceptado cancelar la explotación de cobre en la zona indígena, donde expertos consideran se encuentra uno de los yacimientos del mineral más grandes del mundo.

El presidente de la Comisión legislativa de Comercio, Raúl Hernández aseguró que “el proyecto de ley aprobado fue totalmente consensuado en la mesa del diálogo durante 45 días y que llena las aspiraciones de todos los que participaron en su discusión”.

Con la ley además se crea un fondo de desarrollo de proyectos a favor de los indígenas, afectados por altos niveles de pobreza y falta de los servicios básicos, según sindicales.