El subdirector de la Unidad de Soporte de la de la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto, Joe Powell, consideró que el espionaje gubernamental en contra de la sociedad civil es un problema “crítico” para cualquier Estado que busque implementar una política de gobierno abierto.
La primera vez que se abordó el tema del espionaje gubernamental en contra de la población, en el seno de la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto (OGP, por su sigla en inglés), fue en el 2013 cuando el entonces Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, fue cuestionado por activistas de la sociedad civil sobre las actividades de vigilancia divulgadas por el ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), Edward Snowden.
Ahora, en 2017, el tema vuelve a la mesa con las acusaciones de la sociedad civil de México sobre el espionaje electrónico que el gobierno de Enrique Peña Nieto habría realizado en contra de periodistas, activistas y la sociedad civil, utilizando el malware Pegasus, desarrollado por la firma israelí NSO Group.
La semana pasada, Alejandro González, director general de Gestión Social y Cooperación (GESOC) y representante de la sociedad civil mexicana en la Alianza para el Gobierno Abierto; Guillermo Ruiz de Teresa Mariscal, por parte del gobierno mexicano, y el comisionado presidente del INAI, Francisco Ramírez Acuña, acudieron a Washington, D.C. para exponer la situación ante la OGP.
En entrevista con El Economista, el subdirector de la Unidad de Soporte de la OGP, Joe Powell, consideró que el espionaje gubernamental en contra de la sociedad civil es un problema “crítico” para cualquier Estado que busque implementar una política de gobierno abierto.
En aras de buscar la resolución de las problemáticas en México, la OGP enviará dos delegados que puedan ayudar a la elaboración de un mapa de ruta que permita superar los obstáculos hacia la construcción de un gobierno abierto y la implementación de acciones que contribuyan a la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la innovación tecnológica, para fortalecer la gobernanza y combatir la corrupción.
—¿Qué comunicaciones recibieron de la sociedad civil relacionadas con las preocupaciones sobre el espionaje gubernamental y la situación de derechos humanos en México?
—La sociedad civil de México que está trabajando con la OGP nos indicaron que tenían preocupaciones sobre algunos asuntos, uno de ellos eran las acusaciones sobre el espionaje, y el otro era sobre lo que ellos veían un bajo progreso de implementación de algunas reformas en las que el gobierno mexicano se había comprometido. En la reunión tuvimos a Alejandro González de GESOC, un representante del sector público y al comisionado presidente del INAI.
Las discusiones fueron para entender más acerca de la situación y ver cómo la OGP puede ayudar. Todos reconocen que este es un problema de México y la solución principal debe venir de México. No nos corresponde a nosotros o a gente externa el hacer un juicio, tiene que venir de los stakeholders mexicanos. Lo que esperamos hacer es ayudar para reunir a los actores involucrados y tener una discusión pública acerca de cómo estos problemas pueden ser solucionados. Los resultados concretos de esta sesión fueron que miembros de la OGP tendrán enviados, uno de un gobierno y otro de una organización de la sociedad civil, y nuestro trabajo será apoyar a la sociedad civil y el gobierno para elaborar un mapa de ruta para resolver estos asuntos.
—¿Las acusaciones sobre el espionaje podrían derivar en la salida de México de la OGP? ¿Es una posibilidad?
—Para que un país sea suspendido, tenemos una política de respuesta que debe ser activada. Se llama “Política de Respuesta de la OGP” que ha sido activada 3 o 4 veces. Hasta ahora ha sido la sociedad civil quien ha activado la política de respuesta, y es una opción para ellos que pueden pensar. Mi conocimiento es que, en México, por ahora, prefieren esperar al diálogo y algún tipo de mapa de ruta para trabajar juntos en lugar de buscar la suspensión o expulsión (de la OGP).
Esta política de Respuesta puede ser activada por cualquier actor involucrado en la OGP de cualquier país miembro. Respecto a México, si la sociedad civil quiere hacerlo, el proceso sería mediante el envío de una carta a la OGP explicando la situación y por qué quieren activar la política de respuesta por parte de la OGP. Esta política es para situaciones serias y mi entendimiento es que la sociedad civil preferiría encontrar un camino más constructivo en lugar de activar esta política.
—¿Qué recomendarías para las investigaciones ante las preocupaciones de que, en México, las instituciones acusadas de haber realizado el espionaje son las mismas que encargadas de las investigaciones?
—En la OGP no tenemos todos los detalles, apenas acabamos de conversar con el gobierno y la sociedad civil y no puedo comentar sobre la investigación del caso mexicano. Lo que puedo decir, a manera general, es que este problema de vigilancia ha estado alrededor de la OGP por varios años. La primera vez que el gobierno estadounidense comentó sobre las revelaciones de Edward Snowden en una reunión de la OGP, cuando John Kerry estaba en el escenario y fue cuestionado por activistas de la sociedad civil. Mi comentario general es que esta vigilancia en contra de la sociedad civil es un problema realmente crítico para cualquiera que intente establecer un gobierno abierto y se necesita encontrar soluciones para respetar la privacidad de la gente cuando se necesita investigar actividades criminales potenciales. La OGP puede ser un foro donde se pueden tener estas discusiones y desarrollar propuestas para resolver estos problemas.
—¿Es significativo para la OGP que México, un país fundador de la Alianza, sea sujeto de acusaciones?
—Por supuesto que nos importa profundamente esta situación en la que tratamos de encontrar una resolución, pero también somos humildes sabiendo que los actores internacionales pueden ayudar, y a la gente que está involucrada directamente en esta situación en México, la queremos apoyar lo más que podamos para resolverlo.
—¿Como un caso como este puede poner en riesgo los objetivos de la OPG?
—El gobierno abierto es realmente muy difícil. No creo que en cualquier país y en cualquier momento, algo que pase pueda verse como una acción en contra de la validez del gobierno abierto. La OGP nunca se supuso que fuera un lugar de aprobación, sino una plataforma donde la sociedad civil y los gobiernos de varios países se reúnen y encuentran formas constructivas de trabajar juntos para resolver desafíos difíciles que afectan a la sociedad ya sea corrupción, acceso a la información, el financiamiento a servicios públicos, y que no van a ser resueltos en uno, dos o tres años, sino que se requiere toda una generación para cambiar. Si miras al mundo ahora, algunos de los movimientos se dirigen hacia gobiernos cerrados, por lo que la OGP es más importante ahora como organización para preservar estos valores que están bajo amenaza en el mundo.
Es un momento crítico momento para la Alianza. En México y otros países habrá problemas que ocupen los titulares de las noticias, pero ahora, más que nunca, son urgentes las reformas de los gobiernos para mantenerse abiertos y las sociedades civiles necesitan trabajar en conjunto
con los gobiernos incluso en situaciones desafiantes.
—Hablando globalmente, ¿cuáles son los desafíos de los países miembros para avanzar en el desarrollo del Gobierno Abierto?
Uno, es que tenemos muy buenos compromisos de reformas, pero hace falta ser implementados, por lo que uno de los desafíos es trasladar las palabras en acciones. Esa es un área en la que se necesita trabajar. Segundo, es la concepción de la gente sobre el gobierno abierto que vaya del mero acceso a la información y datos abiertos, a que sea algo que permita combatir desafíos más grandes como la corrupción, reformas a los servicios públicos, y creemos que el gobierno abierto puede ayudar en esos desafíos, pero en muchos lugares esto ha sido vagamente definido. Y tercero, creo que tenemos un gran desafío con la sociedad civil que necesita acceso a financiamiento para poder aplicar para recursos pues más de un centenar de países han introducido alguna regulación o legislación que dificulta el acceso al financiamiento. Esa es una preocupación mayor.
—¿Qué importante es que las investigaciones en casos como el que México afronta se realicen de manera satisfactoria para el desarrollo del gobierno abierto?
—Creo que es importante, no solo para la región de América Latina sino globalmente. La gente ha estado volteando a ver hacia México, mucha gente asistió a México para la Reunión de 2015 y quieren progresar al final. Creo y espero que la alianza internacional pueda ayudar a superar esta situación y estamos dispuestos a ayudar.
