El fiscal general brasileño, Rodrigo Janot, dijo este martes que los dos países acordaron en junio establecer un grupo de trabajo para permitir la rápida y simultánea investigación de sobornos pagados por Odebrecht, pero el esfuerzo no ha despegado.
Brasilia. Los máximos fiscales de Brasil y Argentina acusan a sus gobiernos de interferir en la creación de un grupo de trabajo conjunto anticorrupción para investigar sobornos en el gigante de ingeniería Odebrecht para que los políticos, muchos de ellos bajo investigación, pueden controlar el intercambio de evidencia.
El fiscal general brasileño, Rodrigo Janot, dijo este martes que los dos países acordaron en junio establecer un grupo de trabajo para permitir la rápida y simultánea investigación de sobornos pagados por Odebrecht, pero el esfuerzo no ha despegado.
"El grupo de trabajo es una herramienta esencial sin la cual no podemos unir fuerzas a nivel regional para combatir la corrupción", afirmó Janot a periodistas.
Janot y su contraparte argentina, Alejandra Gils Carbo, acusaron a los gobiernos de sus países de interferir en el esfuerzo para investigar de manera conjunta la red de corrupción de Odebrecht en un comunicado.
"Las autoridades centrales en materia de cooperación jurídica internacional de ambos países -Ministerio de Justicia de Brasil y Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina-, presentan obstáculos y requerimientos que constituyen injerencias indebidas en el desarrollo de los acuerdos que en materia de investigación del caso Odebrecht realizaron los Ministerios Públicos de Brasil y Argentina", dijo el comunicado.
"Esperamos que las autoridades centrales acompañen esos esfuerzos (de investigación) y resuelvan de manera urgente los obstáculos impuestos", añadió.
Afirmaron que el Ministerio de Justicia de Brasil ha buscado establecer las normas del grupo conjunto para que la evidencia sea canalizada a través de los gobiernos y no directamente entre los fiscales.
En Argentina, aseguraron, el Ministerio de Relaciones Exteriores quería convertir al grupo de trabajo en un tratado firmado por el Gobierno, minando la cooperación entre los investigadores reales.
Como parte de un acuerdo por US$3.500 millones con las autoridades brasileñas, estadounidenses y suizas en diciembre, Odebrecht admitió el pago de sobornos en 12 de los principales países de América Latina, incluyendo US$35 millones en Argentina, para asegurarse lucrativos contratos.
Fiscales en Argentina también están investigando por corrupción cuatro proyectos que involucran a Odebrecht.
