Esta iniciativa será radicada en próximos días ante el Congreso y contiene propuestas que seguramente levantarán ampolla.
El gobierno nacional de Colombia ya tiene listo el articulado del Estatuto Nacional de Drogas, que busca replantear la política de lucha contra las sustancias ilícitas, asumiendo que Colombia ya no se puede catalogar como un país productor, sino que, por el contrario, ya figura en el panorama mundial como consumidor.
Esta iniciativa será radicada en próximos días ante el Congreso y contiene propuestas que seguramente levantarán ampolla.
La posibilidad de reglamentar los cultivos de sustancias ilícitas para fines lícitos, la creación y reglamentación de centros de atención al consumidor, la regulación de la dosis personal, el control sobre medicamentos —estimulantes, depresores, calmantes, anestésicos y analgésicos— que están siendo utilizados para consumo ilegal y hasta la posibilidad de otorgar el beneficio jurídico del principio de oportunidad para pequeños cultivadores de plantas consideradas ilegales, son algunas de las propuestas que están incluidas en el proyecto.
El enfoque de la política de lucha contra la producción, porte y distribución de drogas es, sin duda, uno de los temas que más polarización generan entre quienes sostienen que debe existir una prohibición absoluta, incluso en contravía de la sentencia C-221/94 que despenaliza el consumo de la dosis personal, y quienes consideran que esta es una problemática de salud pública, que va más allá del prohibicionismo.
En los últimos días, Bogotá ha sido epicentro de esta polémica con la implementación de los Centros de Atención para Drogodependientes (Camad) por parte de la Administración Distrital, que generó señalamientos como el del procurador general, Alejandro Ordóñez, quien afirmó que “el Estado no puede promover el consumo de drogas”.
Además, planteó la posibilidad de que se realice un referendo para que sean los ciudadanos los que decidan cómo se debe enfocar esta política en el país. Sin embargo, el gobierno tiene una visión diferente.
El presidente Juan Manuel Santos fue quien en la VI Cumbre de las Américas, en Cartagena, puso la legalización de las drogas sobre el tapete e incluso respaldó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en su propuesta de los centros de consumo controlado.
En el Congreso, donde finalmente se decidirá el futuro del Estatuto Nacional de Drogas, las posiciones también son radicales.
El senador progresista Luis Carlos Avellaneda sostiene que “éramos represores del consumo y eso no funcionó, ahora creo que vamos por el camino correcto. En el Congreso se han tramitado iniciativas que apuntan a abordar el tema como un problema de salud pública y en buena hora el Estado reconoce que hay que prevenir desde la educación”.
Por el contrario, el senador conservador José Darío Salazar, calificó como grave la iniciativa al argumentar que con la reglamentación de la dosis personal se está estimulando el consumo de drogas y se disfraza el microtráfico.
“Para mí, la única salida es la prohibición y el combate al narcotráfico. Los centros de atención deben ser médicos y no un pasaporte al consumo”, manifestó.
El debate está abierto y los argumentos son radicalmente opuestos. Por ahora lo único claro es que el presidente Santos y el Ministerio de Justicia, encargado del diseño de la iniciativa, tienen una visión más liberal, reconociendo que el problema de las drogas ya no pasa por la órbita de la producción y tráfico de estupefacientes y que en Colombia el consumo de sustancias ilícitas es una realidad que hay que afrontar como un asunto de salud pública.
Centros de atención a drogadictos. El proyecto plantea la creación de Centros de Atención a la Drogadicción, en los cuales se llevarán a cabo los tratamientos de rehabilitación “con el propósito de lograr la deshabituación al consumo de sustancias psicoactivas y la preparación para la reinserción a la vida social” de los drogadictos.
Aunque no se aclara el alcance, la pregunta que queda sobre el tapete es en qué consiste dicha rehabilitación y si ella incluye el consumo controlado de drogas alucinógenas, tal y como lo propusiera el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, con sus Centros de Atención Móvil para Drogodependientes (Camad).
El Estatuto establece que el Ministerio de Salud coordinará y orientará el desarrollo del Sistema Nacional de Atención Integral al Consumidor de Sustancias Psicoactivas. La idea es establecer mecanismos para la recopilación de datos con el fin de determinar los objetivos prioritarios, los grupos vulnerables y el costo de los programas.
Precisamente, los Centros de Atención a la Drogadicción se encargarán también de evaluar la eficacia de los métodos de tratamiento utilizados y, si es el caso, recomendará la modificación de los mismos.
El Ministerio deberá elaborar una guía para el diseño de programas terapéuticos, así como fortalecer la investigación científica y promover la creación de centros para actividades de desintoxicación y el tratamiento de casos graves.
Cultivos ilícitos de uso lícito. El Estatuto Nacional de Drogas plantea un capítulo que regula la oferta de sustancias ilícitas que contempla, en el artículo 92, una propuesta que “establecerá áreas en donde es permitido cultivar plantas de las cuales se produzcan sustancias psicoactivas, siempre que sean destinadas para fines lícitos”.
Según señala el Estatuto, el cultivo de las plantas y la producción de narcóticos se limitarán a fines médicos, terapéuticos y científicos. Estos cultivos tendrán que contar con la autorización del Consejo Nacional de Política de Drogas, la cual está analizando la posibilidad de que esta producción se emplee para el tratamiento de los adictos.
Control de medicamentos. Una de las preocupaciones que han surgido es el consumo de medicamentos con efectos psicoactivos.
Productos estimulantes como el metilfenidato, depresores como las benzodiacepinas, anestésicos como la ketamina e incluso analgésicos opioides, meperidina y la oxicodona son cada vez más usados y su consumo se inicia a menor edad.
Por eso, a través del Invima se realizará un registro de estas medicinas, que serán catalogadas como clasificadas para controlarlas a través del Fondo Nacional de Estupefacientes, Así se controlará su importación y distribución.
Colombia como ‘narcodestino’. La comprobada promoción de Colombia como destino para consumidores de sustancias ilícitas generó que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el de Justicia y Derecho incluyeran un artículo en el estatuto que impone medidas a las agencias de viajes para que se abstengan de hacer “publicidad sobre la consecución o uso de drogas ilícitas en los planes turísticos”.
La promotora de turismo que viole esta norma será sancionada penal, administrativa y disciplinariamente.
Freno a conductores drogados. Según la propuesta, a quien conduzca un automotor bajo los efectos de sustancias psicoactivas se le suspenderá la licencia entre uno y tres años, y se le aplicará una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Sanciones que aplican también para quienes se nieguen a que se les realice una prueba científica con el fin de determinar si están drogados.
Además, se les obliga a hacer un curso de sensibilización, conocimientos y consecuencias de la alcoholemia y la drogadicción en los centros de rehabilitación autorizados.
El vehículo será inmovilizado y es un agravante cuando se trata de transporte público, maquinaria pesada o transporte escolar, en cuyo caso las sanciones se duplicarán.
Dosis mínima y el aumento de penas. El borrador del Estatuto define claramente lo que es la dosis personal de drogas.
“La cantidad de sustancia psicoactiva ilícita que una persona porta o conserva para su propio consumo”, detalla.
En este sentido, establece, por ejemplo, que se considera dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no exceda de 20 gramos y de cocaína o bazuco máximo un gramo.
Pero al mismo tiempo se advierte que no se considera dosis de uso personal la sustancia psicoactiva ilícita destinada a la distribución o venta, y se aumentan las penas para quien cultive, conserve, transporte o financie plantaciones de las que pueda producirse sustancias ilícitas (entre 8 y 18 años de cárcel) y para quien las produzca, almacene o trafique (de 9 a 30 años, dependiendo de la cantidad).
De otro lado, se propone que quien introduzca al país o saque de éste, venda, ofrezca, comercialice o distribuya medicamentos catalogados como de control especial según el respectivo registro sanitario, incurrirá en prisión de 5 a 9 años. Y quien destine con fines ilícitos bienes inmuebles para que en éstos se elabore, almacene o se vendan drogas, irá a prisión entre 8 y 18 años.
Los aumentos de penas aplicarían también para la utilización de aeronaves y sumergibles y se incrementarán cuando la conducta sea realizada por un servidor público o quien haya sido miembro de la Fuerza Pública.
El proyecto aborda igualmente aspectos como el consumo de drogas delante de niños, en lugares públicos, establecimientos comerciales de esparcimiento, entre otros, para lo cual se propone como sanción la prestación de trabajo social no remunerado.
Principio de oportunidad. La propuesta del gobierno es otorgarles el principio de oportunidad a los pequeños cultivadores de plantas con las cuales se elaboran sustancias ilícitas, mediante la modificación del Código de Procedimiento Penal.
Dicho beneficio aplicará “cuando el pequeño cultivador se acoja voluntariamente a los programas de erradicación de cultivos ilícitos promovidos por el gobierno. La renuncia de la acción penal está condicionada a la no reincidencia”.
