El 31% para Ollanta Humala, 23% para Keiko Fujimori, 19% para Pedro Pablo Kuczynski, es el resultado del conteo rápido a boca de urna. Las elecciones del 10 de abril han sido el preludio del balotaje que en pocas semanas definirá al presidente del Perú para los próximos cinco años. ¿Qué significa este resultado? ¿Qué cambios y qué continuidades implican?
Contra lo que algunos piensan, debido al repunte de las últimas semanas del Partido Nacionalista Peruano, que participa en estas elecciones como la confluencia Gana Perú, hay cierta continuidad respecto a las elecciones de 2006, cuando Ollanta Humala obtuvo cerca del 30% de la votación en la primera vuelta y el 45% en la segunda.
Bajo esa perspectiva, no se trata de una mirada improvisada y tampoco de un electorado nuevo. Humala ha tenido el triunfo en gran parte de las regiones del país, sobre todo en el sur andino, la costa norte y la costa sur, que tienen incluso más del 50% de electores votando por el nacionalismo.
Por otro lado, es cierto, según los datos de las encuestas de los últimos meses, que hay una gran concentración del voto por Humala en los sectores populares. Pero esto no es suficiente para explicar un fenómeno que implica el descontento creciente frente a la política económica neoliberal y a los severos problemas de redistribución que el país atraviesa.
Si bien el Perú crece a un ritmo de 7% al año, es también cierto que la riqueza se ha concentrado en el desarrollo de las grandes ciudades; y los beneficios y bajos impuestos que las grandes empresas tienen generan un flujo económico que sale del país (considerando que se trata sustancialmente de grandes empresas extractivas de hidrocarburos y minerales).
Pero también se ha producido una identificación con una posición política que implica un giro hacia la izquierda en términos económicos, un Estado más grande (o menos pequeño frente al mercado), y mayor regulación frente a la empresa privada. Ello ha permitido un discurso dirigido a los sectores tradicionalmente excluidos, que aparecen como una sorpresa ante el temor de los sectores conservadores de la capital, que no siempre recuerdan que más de la mitad del país vive en situación de pobreza y el 30% es rural.
Por otro lado, Keiko Fujimori ha mantenido un promedio semejante de la votación desde que se inició la campaña, lo que muestra un electorado firme a esta posición que propone la continuidad del modelo económico, pero sugiriendo mejoras en la redistribución.
El lema de la campaña ha sido “seguridad y oportunidades”, que evoca los dos problemas que la opinión pública ha resaltado en los últimos años. La propuesta de una “mano dura” frente a la delincuencia común y la creación de puestos de trabajo y capacitación, han sido su principal ariete en estos meses. Un electorado femenino y joven aparece detrás de la candidata de Fuerza 2011, que ha incorporado en la lista parlamentaria a varios de los antiguos congresistas del Fujimorismo.
Keiko Fujimori fue primera dama del Perú a fines de los 90, después del divorcio de su padre. Elegida congresista en el periodo 2006-2011, “Keiko” ha sido el rostro visible del fujimorismo en los últimos años, y se ha encargado de construir una imagen más cauta. Una campaña dirigida a los sectores populares urbanos ha marcado la pauta de Fuerza 2011, en una línea ya conocida de “tecnología y trabajo” que recuerda la campaña de Cambio 90.
La elección parlamentaria muestra un Congreso, una vez más, fragmentado y sin mayoría. El nacionalismo obtiene una bancada de 41 congresistas, Fuerza 2011 alrededor de 35, en un Congreso de 130 miembros. El Ejecutivo tendrá, en esas condiciones, que construir alianzas para llevar a cabo sus programas, sea cual sea el resultado de la segunda vuelta. Para algunos esto significa la posibilidad de una respuesta autoritaria del partido de gobierno. Para otros significa que la necesidad de negociar elementos de los programas, lo que redundará en un gobierno más moderados de lo que se presentó en las campañas.
Se ha acusado a Ollanta Humala de tener un vínculo con el presidente de Venezuela, de tener una “personalidad” autoritaria que evoca su pasado militar y de ahuyentar a la inversión extranjera. La resistencia más grande a Humala y la propuesta del Partido Nacionalista, viene de los sectores conservadores y a los sectores altos urbanos y empresariales.
A Keiko Fujimori se le asocia a su padre, el dictador Alberto Fujimori, hoy en prisión. Y si bien no tiene acusaciones formales por corrupción o sentencias por crímenes de lesa humanidad, sí es cierto que dentro de su partido hay una gran cantidad de personas que sí tuvieron una relación clara y directa con el gobierno de los años 90 y los delitos que se cometieron. Congresistas como Luisa Cuculiza y Luz Salgado, defensoras del gobierno de Alberto Fujimori, o personajes como Rafael Rey, miembro del Opus Dei y candidato a la vicepresidencia, destacan en ese conjunto.
Lo cierto, más allá de las acusaciones y los temores de un sector de la población, es que es importante reconocer que la campaña y las elecciones se han llevado, hasta ahora, dentro del marco de la ley, manteniendo los estándares del juego democrático, que parece fortalecerse en este proceso. El sistema no se pone en crisis por la presencia de uno u otro candidato, y reconocer que posiciones diferentes pueden entrar en competencia y respetar los resultados, muestra un sistema que se fortalece a pesar de sus problemas.
En este contexto es evidente que hay una gran parte del país que demanda modificaciones en la política económica. El país crece, pero como se comenta en algunos lugares, “rompiendo la ley de la gravedad, pues aquí gotea para arriba”. La redistribución es un tema fundamental y la voz de los excluidos aparece demandando que se les escuche y se reconozca su presencia.
Todo hace pensar que el tramo hacia la segunda vuelta va a mostrar una campaña polarizada, resaltando antes que los programas y los argumentos, los “ataques” entre los candidatos. Quedan ocho semanas para la segunda vuelta y, por ahora, es imposible prever el resultado.