La Policía Federal en Sao Paulo se negó a decir si intentarían detener por la fuerza al exmandatario, una medida que podría desencadenar intensos enfrentamientos con sus seguidores. Un portavoz del sindicato dijo que Lula estaba considerando sus opciones con los abogados.
Sao Bernardo do Campo, Brasil. El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva desafío el viernes una orden de un juez de ir a prisión para comenzar a cumplir una condena de 12 años por corrupción, y una fuente adelantó a Reuters que sus abogados estaban negociando su entrega con la Policía Federal.
Otra fuente, vinculada al Partido de los Trabajadores, había adelantado que el líder izquierdista de 72 años no se entregaría, pese a una orden del juez Sergio Moro que le dio hasta las 17.00 hora local (2000 GMT) del viernes para ir a prisión.
Una vez vencido ese plazo, Lula permanecía rodeado de colaboradores y aliados en la sede del sindicato de trabajadores siderúrgicos en Sao Bernardo do Campo, en el área metropolitana de Sao Paulo donde comenzó su carrera política.
La Policía Federal en Sao Paulo se negó a decir si intentarían detener por la fuerza al exmandatario, una medida que podría desencadenar intensos enfrentamientos con sus seguidores. Un portavoz del sindicato dijo que Lula estaba considerando sus opciones con los abogados.
Su equipo legal, que perdió un recurso de amparo de último minuto el viernes ante un alto tribunal, argumentó que no había agotado las apelaciones de procedimiento e insistió en que el caso busca sacar a Lula de la carrera presidencial que encabeza.
Los recursos intentados por su defensa fueron rechazados en concordancia con la decisión del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), que el jueves en la madrugada le negó un pedido para que se le permitiera seguir en libertad mientras agotaba todas las instancias de apelación de la condena recibida.
Cientos de partidarios vestidos de rojo llenaron las adyacencias al edificio sindical desde la noche del jueves y muchos permanecían allí en la tarde del viernes. Gritaban y daban desafiantes discursos calificando al caso como una "caza de brujas". Una pancarta mostraba la cara sonriente de Lula en una máquina de votación electrónica.
"Estamos aquí para demostrar que los trabajadores resistiremos este ataque contra la democracia", dijo Jorge Nazareno, un líder sindical que contó que se reunió brevemente con Lula el viernes por la mañana.
En el lugar de inicio. El expresidente no se había dirigido a la multitud casi 24 horas después de haber llegado al edificio, aunque líderes sindicales dijeron previamente en un comunicado publicado en su página web que hablaría el viernes por la tarde.
"Estamos reunidos aquí con nuestros seguidores en el lugar de nacimiento del Partido de los Trabajadores (...) para combatir esta injusticia", dijo Gleisi Hoffman, líder del PT. "¡Lula es inocente!", enfatizó.
El mismo sindicato de trabajadores metalúrgicos en los suburbios industriales de Sao Paulo le sirvió de plataforma de lanzamiento de su carrera política hace casi cuatro décadas, cuando lideró huelgas en todo el país que ayudaron a terminar con el gobierno militar de 1964-1985.
Lula fue condenado el año pasado por corrupción pasiva y lavado de dinero en un caso que involucra la cesión de un apartamento en un balneario del estado de Sao Paulo a cambio de contratos para una constructora con la petrolera Petrobras, empresa que está controlada por el Estado.
El político ha negado ser dueño del departamento, así como haber cometido cualquier conducta impropia, y dice ser blanco de una persecución política para que no compita en la contienda.
El líder, favorito en las encuestas de intención de voto para la próxima elección presidencial de octubre, quedaría impedido de presentarse a cargos públicos al estar condenado por un tribunal colegiado.
Lula presidió Brasil en dos periodos entre 2003 y el 1 de enero de 2011, cuando dejó el poder con una aprobación de más de 80 por ciento. Entonces, su apoyo fue suficiente para que la sucesora que escogió, Dilma Rousseff, fuera elegida dos veces, pese a que nunca había ocupado un cargo de elección popular.
Rousseff fue sometida a un juicio político y destituida en 2016 en medio de un escándalo de corrupción y una crisis económica.
