Universitarios, trabajadores y algunos empresarios se unían en un paro nacional para mostrar su indignación por el empeño de Morales en expulsar al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el intento de los legisladores de suavizar las penas a los delitos de corrupción.
Miles de guatemaltecos marchaban el miércoles en la capital y varios departamentos para exigir la renuncia del presidente Jimmy Morales y los diputados del Congreso, a los que acusan de querer dinamitar la lucha anticorrupción en el empobrecido país centroamericano.
Universitarios, trabajadores y algunos empresarios se unían en un paro nacional para mostrar su indignación por el empeño de Morales en expulsar al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el intento de los legisladores de suavizar las penas a los delitos de corrupción.
Esta es la marcha más multitudinaria en el país desde que hace dos años los guatemaltecos salieron en masa para presionar por la salida del expresidente Otto Pérez Molina, quien acabó dimitiendo acorralado por las investigaciones de la Fiscalía y la CICIG, la misión anticorrupción de la ONU en el país.
"Estamos hartos de los políticos que se llenan la bolsa y no dejan que lleguen recursos al pueblo, escuelas, caminos; por eso estoy aquí", dijo Secundino Ajtun, un agricultor de 58 años del suroccidental departamento Totonicapán, quien llevaba un cartel que decía: "no soy derechista, no soy comunista, soy Guatemala".
Medios locales reportaron concentraciones con cientos de ciudadanos en varios puntos del país, desde la turística ciudad de Antigua Guatemala al fronterizo departamento de Cobán. Por el momento las autoridades no informan de incidentes.
Las primeras manifestaciones surgieron el mes pasado, cuando Morales trató de expulsar al comisionado Iván Velásquez, quien había pedido investigar al mandatario por presunto financiamiento electoral ilegal. El máximo tribunal del país anuló la decisión y los ánimos se calmaron.
Pero el malestar resurgió la semana pasada, cuando los diputados votaron abrumadoramente por proteger a Morales de las investigaciones del veterano exmagistrado colombiano y por reformar el código penal para beneficiar a los imputados por corrupción. Morales ha negado cualquier ilegalidad.
El presidente, un humorista de 48 años que llegó al poder por la oleada de descontento que generaron los casos destapados por la CICIG, anunció el martes en Naciones Unidas que pedirá una revisión de la Comisión, a la que ahora acusa de politizar la justicia y excederse en sus funciones.
Aunque el Congreso dio marcha atrás en sus decretos y anunció que el jueves volverá a discutir el antejuicio contra Morales, muchos ciudadanos sienten que los políticos están poniendo en juego la lucha contra la corrupción
"La población esta cansada. Cansada de los diputados y del presidente", dijo Maricela Calderón, una profesora 43 años que se unió al paro con unos 30 compañeros de un centro educativo de Santa Catarina Pinula.
Este municipio se convirtió en un símbolo de la corrupción en 2015, cuando un alud sepultó a unas 300 personas mientras investigaciones mostraban a políticos y exfuncionarios viviendo en la opulencia.
