El pedido de la fiscalía está relacionado con una de las seis denuncias que involucran a Lula ante la justicia, y que refiere a la reforma de un inmueble que era usado por el ex presidente y su familia.

El Ministerio Público pidió que el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sea condenado a prisión, en régimen de reclusión, por el delito de "corrupción pasiva calificada", según informaron este sábado fuentes judiciales.

La petición consta en documentos remitidos al juez federal Sergio Moro y corresponden a una causa penal en la que Lula es acusado de ocultación de patrimonio y otros delitos relacionados con un apartamento que sería de su propiedad, pero aparece registrado en nombre de empresarios que le habrían servido de testaferros.

El apartamento, un tríplex situado en el balneario de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, figura en los registros como propiedad de la empresa OAS, una de las constructoras implicadas en el escándalo descubierto en la estatal Petrobras.

Delitos difíciles de probar. Según los fiscales, y de acuerdo a lo publicado por el diario "O Globo", la dificultad de obtener pruebas directas de que efectivamente el departamento pertenecía a Lula se debe a la profesionalización del delito de lavado de dinero. Además, en el documento se pide que sean devueltos al erario público 87 millones de reales (unos US$27 millones/24 millones de euros), que sería el monto que OAS habría pagado en coimas a Petrobras.

Una vez conocido el pedido de la fiscalía, que ahora quedó en manos de Moro, Rui Falcao, presidente del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Lula, salió a defender a su correligionario. "Es un absurdo continuar embistiendo contra alguien que no cometió crimen, que no tiene ese apartamento. No hay pruebas para condenarlo y ya están previendo la forma de cumplimiento de pena", dijo Falcao.

"Persecución judicial". Lula, uno de los líderes más populares del país y quien gobernó entre 2003 y 2011, responde en tribunales en otras cuatro causas penales y la Fiscalía ha presentado una sexta denuncia en su contra por otros asuntos, en su mayoría relacionados con la trama corrupta en la petrolera.

El caso relacionado al apartamento de Guarujá es el más avanzado y se prevé que el juez estará en condiciones de dictar sentencia a principios del mes próximo.

Lula ha negado a rajatabla que sea el propietario del inmueble y se ha dicho víctima de una "persecución judicial", la cual sostiene que tiene como objetivo impedir que vuelva a postular a la Presidencia en las elecciones previstas para octubre de 2018.