La ministra de Justicia, Marisol Pérez, afirmó el jueves que "se le perdió la confianza" a Katherine Ampuero por frenar el proyecto Olmos y poner en riesgo miles de empleos y privar al Estado de ingresos que habrían servido para cobrar una reparación civil.
Perú despidió a una procuradora anticorrupción por frenar la venta de un proyecto de irrigación de la brasileña Odebrecht, una medida que la oposición calificó de "injerencia política" en medio de suspicacias por una decisión de la funcionaria de investigar a una empresa vinculada al presidente.
La ministra de Justicia, Marisol Pérez, afirmó el jueves que "se le perdió la confianza" a Katherine Ampuero por frenar el proyecto Olmos y poner en riesgo miles de empleos y privar al Estado de ingresos que habrían servido para cobrar una reparación civil.
"La venta de Olmos se ha caído por la decisión de la señora Ampuero. La venta suponía garantizar la continuidad de la irrigación, los puestos de trabajo que son 18.000, las más de 20 empresas que brindan servicios", dijo Pérez a periodistas.
Ampuero había pedido en marzo a un fiscal que investigue a una firma vinculada al presidente Pedro Pablo Kuczynski por supuestos aportes económicos de Odebrecht, empresa que está siendo investigada por casos de corrupción.
Ante la insistencia periodística, Pérez rechazó que el despido se trate de una "venganza política" y criticó que Ampuero haya presentado un recurso para que un juez paralice la venta del proyecto Olmos al grupo francés Suez y la canadiense Brookfield.
Partidos opositores rechazaron la salida de las procuradoras y cuestionaron el desempeño de la ministra de Justicia, quien fue respaldada por Kuczynski.
"Creo que el Presidente debería pedir la renuncia inmediata de la ministra Pérez", dijo el legislador Héctor Becerril de Fuerza Popular, el partido liderado por la ex candidata presidencial Keiko Fujimori que domina el Congreso.
El despido de Ampuero también fue cuestionado por la jefa del consejo de procuradores, Julia Príncipe, quien también fue separada del cargo. "Es una clara injerencia del Poder Ejecutivo en la labor que vienen desarrollando los procuradores", afirmó.
