El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) aseveró que la inseguridad en el país se ha fortalecido, basado en datos que publica el INEGI que indican que durante 2016 el 34,2% de los hogares del país tuvo al menos una víctima de delito.
Contrario a las “alegres” opiniones del gobierno, la violencia e inseguridad en México ha aumentado significativamente, al grado de superar la capacidad de las autoridades para enfrentarla e inhibir el desempeño de la actividad económica del país, reprobó el sector privado.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) aseveró que la inseguridad en el país se ha fortalecido, basado en los datos que publica el INEGI mediante la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE), en los que se aprecia que durante 2016 el 34,2% de los hogares del país tuvo al menos una víctima de delito, lo que significó el porcentaje más alto desde que se inició su publicación.
“La permanencia de altos niveles de corrupción, ilegalidad, impunidad, falta de certeza jurídica y ausencia de estado de derecho, simplemente inhibirán un mejor desempeño de la actividad económica del país. La inversión, principal generadora de crecimiento y empleo, fluirá de mejor manera en un entorno de clara seguridad y libertad”, sentenció.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en junio pasado se reportaron 2.234 homicidios dolosos, lo que representó la cifra más alta en los últimos 20 años. Si bien datos más actualizados indican que en agosto el número de homicidios dolosos disminuyó marginalmente a 2.114, la cifra acumulada en los primeros ocho meses del año resultó superior en 25% a la del mismo lapso del 2016, lo que hace evidente la tendencia creciente que muestra la violencia.
Luis Foncerrada, director del CEESP, refirió que el organismo privado ha insistido en la importancia de instrumentar medidas efectivas que lleven a la disminución y erradicación de los problemas de inseguridad en el país, ya que además de atentar contra la integridad física de las personas, contribuye a la generación de un entorno de incertidumbre que afecta negativamente tanto el funcionamiento de las empresas ya establecidas como el ambiente para la instalación de nuevos negocios, lo que se traduce en un factor que inhibe la inversión, la creación de empleos y por ende, limita un ritmo más elevado de crecimiento de la actividad productiva del país.
Algunas opiniones oficiales señalan que el problema de la inseguridad ha descendido, pero el hecho es que un entorno de débil estado de derecho ha contribuido al fortalecimiento de los niveles de corrupción e impunidad, que son fuente principal de la inseguridad. Esta percepción se ha extendido y fortalecido no solo en el interior del país, sino entre diversos organismos internacionales que evalúan este tema, sostuvo.
“Fortalecer las instituciones que generan y hacen cumplir la ley, es la mejor opción parar establecer un marco de libertad y estado de derecho fortalecido que contribuya a sentar las bases para un entorno en el que personas y empresas puedan desarrollarse eficientemente, sin temor de un entorno hostil, impune y corrupto”, consideró el sector privado.