La estrategia inicial del gobierno de Boris Johnson ante la pandemia tenía consistencia lógica. Esta asumía que las políticas que restringían en forma severa la interacción social (como las cuarentenas) tenían dos inconvenientes. El primero, su alto costo económico. Como sabemos, cuando menos desde la Gripe Española las pandemias pueden darse en oleadas. Y, en tanto sea eficaz para limitar los contagios durante la primera manifestación de la pandemia, una cuarentena no contribuye a preparar a la sociedad ante la posibilidad de que se produzcan nuevas oleadas. La razón es que, mientras que las personas que se contagian y sobreviven al virus desarrollan inmunidad frente a este, las personas que (producto de la cuarentena) no fueron expuestas al virus, siguen siendo vulnerables. Si, además, hubiese que aprobar una cuarentena ante cada oleada de la pandemia, el costo económico sería prohibitivo. Lo cual implica que, en el futuro, podría deteriorarse la capacidad del Estado para afrontar la pandemia dado que habría menos recursos disponibles para el sistema de salud pública. Por ello, esa estrategia inicial consistió en aplicar medidas de restricción social sólo para los segmentos más vulnerables de la población (en particular, adultos mayores). Por lo demás, se toleraría el riesgo de que el virus se propague entre el resto de la población, con lo cual los infectados desarrollarían inmunidad frente a la enfermedad. De ese modo, no sólo se estaría en mejores condiciones para afrontar nuevas oleadas de la pandemia, sino que además se haría menos probable que estas se produzcan.
El problema con esa estrategia no era su consistencia lógica, sino sus consecuencias prácticas. Johnson la abandonó basado en las estimaciones que, a pedido suyo, hizo el Imperial College de Londres. Según esas estimaciones, en ausencia de una intervención gubernamental, se generaría una demanda que superaría hasta en 30 veces la oferta de camas disponible en las unidades de cuidados intensivos de todo el país. Además, la pandemia produciría unas 500.000 muertes en 2020.
Lo que el estudio denomina la estrategia de "mitigación" (similar a la que adoptó en un inicio el gobierno de Johnson) habría reducido en unos dos tercios la demanda por camas en las unidades de cuidados intensivos en su momento más álgido. Aun así, sin embargo, esa demanda habría superado en unas ocho veces la oferta disponible de camas en unidades de cuidados intensivos. Además, habrían muerto en 2020, como consecuencia de la pandemia, unas 250.000 personas. La estrategia que el estudio denomina de "supresión" (que tendría como objetivo reducir los contagios a menos de uno por persona infectada mediante restricciones generalizadas a la interacción social, como cuarentenas), sería la única que podría impedir que la capacidad de las unidades de cuidados intensivos se vea rebasada, y que reduciría el número de muertes durante el año a entre unos pocos miles y 20.000.
Por lo demás, si bien las cuarentenas tienen un alto costo económico, la estrategia de mitigación podía generar muchas más muertes sin reducir el costo para la economía. Los Estados Unidos también adoptaron inicialmente una estrategia de mitigación, y se han convertido en el país con el mayor número de infecciones en el mundo. Aun así, las solicitudes de seguro de desempleo aumentaron de 200 mil durante la segunda semana de marzo, a 3,3 millones la semana siguiente.
