Ha despertado, de nuevo, la campaña por la aprobación de la llamada Ley de Celulares. Ahora, de manera gráfica, se construye la imagen de una pistola a partir de un teléfono móvil. La leyenda reza: “Un celular en las manos equivocadas se convierte en un arma”. Y con esa deformación de lo que es un simple instrumento de comunicación se pretende sembrar en la mente de los ciudadanos una estúpida idea: para poder tener un teléfono móvil, usted debe llenar requisitos similares a los de la portación de un arma de fuego.

Bien decía mi abuelita que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Sin duda, las personas que están promoviendo esta ley están legítimamente preocupadas por tratar de “hacer algo” para que se detengan los robos de celulares. El único problema es que la idea que se les ocurrió no pudo haber sido peor concebida. 

Hay aproximadamente 14 millones de teléfonos móviles, me atrevo a aseverar que, la mayoría de ellos, están en manos de ciudadanos honrados que lo utilizan de manera pacífica. El problema es que como siempre, hay un grupito de antisociales que los usa para la extorsión y el comercio de aparatos robados. Como las autoridades no son capaces de contener esas actividades criminales, a alguien se le ocurrió que era más fácil que los ciudadanos deban demostrar su inocencia que demostrar culpabilidad…

¿Cómo le fue con la emisión de su DPI? Prepárese porque, si la medida tiene éxito, cosa que debemos impedir a toda costa, para “portar un celular” deberá pasar por un calvario mucho peor. 

Ha tomado años e infinitas molestias registrar a ocho millones de habitantes; imagínese lo que tomará realizar un “trámite personal” con todo y huellas dactilares por el simple pecado de tener un teléfono móvil. El costo regulatorio, especialmente para los más pobres, nos regresará décadas en donde tener un teléfono volverá a ser un privilegio de aquellos que pueden pagar el costo burocrático.

Claramente, la solución debe ir por otras instancias; no por pasarle el costo al ciudadano vía una absurda regulación. ¡Ojo!, no se deje sorprender por la descarada mentira de que “leyes similares han bajado la criminalidad en otros países”. Así fue como, al principio, nos quisieron vender esta absurda ley. No se deje engañar. México y Perú son un claro ejemplo del fracaso de este tipo de regulaciones.

No hay solución fácil para detener la criminalidad asociada con la extorsión y el robo de teléfonos. Pero las autoridades tienen mucho más que hacer que promulgar esa ley. Todos saben dónde se comercializan los teléfonos, desde dónde se extorsiona y en dónde se asalta. Una ley más no servirá sino para perjudicar a los ciudadanos. Para eso ya tenemos criminales. ¡No acepte que hagan de su celular un arma de fuego y lo sometan a un trámite peor que tramitar una pistola!

*Esta columna fue publicada originalmente en PrensaLibre.com.