Muchas lecturas e interpretaciones han surgido en Brasil tras las protestas de junio en un intento de comprender el sentido y las consecuencias políticas de los hechos sorpresivos. Antes de la toma de las calles, los discursos políticos de los distintos grupos –de gobierno u oposición– intentaban dar sentido al silencio de las masas. El gobierno y sus apoyadores decían que había una amplia satisfacción popular debido al crecimiento económico e inclusión social. La oposición solía decir que había fuerte descontentamiento, pero que las encuestas no lograban demostrarlo. Tras las protestas, las explicaciones fueron puestas en jaque.

Como ejercicio post-facto, se puede diseñar un análisis tentativo. Más para comprender la coyuntura política de Brasil hoy y las protestas que tomaron las calles en junio, es necesario desechar tres lecturas equivocadas o insuficientes: (a) sobre la realidad socioeconómica de Brasil; (b) sobre la composición, forma y orientación político-ideológica de las manifestaciones de junio; (c) sobre el papel que puede desempeñar la izquierda tradicional hacia los movimientos juveniles post-tradicionales (manifestaciones que estallan sin un liderazgo identificable a través del amplio uso de la internet y la formación de nuevos grupos o tácticas políticas como el Movimiento Pase Libre, los Black Blocs, etc.).

Después de diez años de gobiernos encabezados por el Partido de los Trabajadores (PT), Brasil presenta un escenario socioeconómico más favorable que en el período neoliberal (década de los 90). El boom de las commodities iniciado en 2003 permitió al país vivir un ciclo de expansión de exportaciones agrícolas y mineras para mercados asiáticos emergentes, principalmente a China, que paso a paso se tornó el principal socio comercial de Brasil. Con más divisas, equilibrio macroeconómico y superávit comercial sostenido, el presidente Lula, electo en el comienzo de esta nueva coyuntura macroeconómica, contó con la fortuna necesaria para un buen gobierno y supo administrar el país con la virtud de un gran líder. A partir de una correcta (mas no la única posible) lectura de la realidad (estructural y coyuntural), el líder acabó por crear las condiciones de la construcción de una nueva hegemonía política, llamada lulismo por el politólogo André Singer, y que consiste en la constitución de una amplia coalición de partidos políticos, movimientos sociales, elites económicas y grupos de interés, capaz de promover la reducción de la miseria y de la pobreza sin tocar los intereses fundamentales de la cúspide de la pirámide social.

Las políticas de transferencia de ingresos de emergencia (Bolsa Familia) y la valorización del salario mínimo posibilitaron el crecimiento del mercado interno, lo que contribuyó, por medio de políticas anti-cíclicas por parte del gobierno, para proteger el país de la crisis económica mundial que emergió en 2008. Esas políticas simultáneamente respondían las demandas de las clases más pobres (D y E) por inclusión social y demandas de las clases más altas (A y B) por equilibrio y crecimiento económico. La gran incógnita pasó a ser la clase C, principalmente sectores con mayores ingresos en esta clase, que antes votaba PT y que pasó a buscar una tercera alternativa a la alternancia PT – PSDB (el principal partido de oposición). El gran pacto de clases permitió, en este sentido, una gestión macroeconómica conservadora que no afectaba los intereses del gran capital, al mismo tiempo en que impulsaba políticas sociales que reposicionaban al Estado como un importante agente promotor del desarrollo. Algunos autores denominan esto, de manera tanto imprecisa, post-neoliberalismo.

La fórmula lulista fue un éxito y reequilibró la hegemonía política del país, no solo al incluir las clases D y E desde el punto de vista económico, sino al abrir oportunidades a actores políticos con origen en diversos movimientos sociales (sindicatos, estudiantes, lucha por la tierra, minorías, etc.) Cuadros administrativos y políticos en distintos niveles pasaron a ser compuestos por individuos con lealtades políticas diferentes del núcleo de la hegemonía conservadora de la alianza, lo que posibilitó y legitimó la existencia de conflictos intra e inter-institucionales que dieron vigor y dinámica al propio proyecto que siempre fue tocado al calor de la mutante e inestable correlación de fuerzas.

La táctica fue dividir el aparato del Estado entre los intereses, de acuerdo con la fuerza política de los actores: por ejemplo, Ministerio de Agricultura para el agronegocio; Ministerio de Desarrollo Agrario para la reforma agraria y la agricultura familiar – el segundo con presupuesto más pequeño que el primero porque el tema agrícola es fundamental para el crecimiento del PIB en la coyuntura de exportación de commodities.

El discurso en la izquierda fue que el gobierno se encontraba en disputa y de que no habría alternativa políticamente más viable a la izquierda. Era necesario, entonces, apoyar las pautas progresistas y combatir las pautas conservadoras, pero siempre dentro de la coalición. Por lo tanto, desde el punto de vista de la izquierda y de la contestación, el pacto lulista significó una oportunidad política de acceso parcial al Estado y al poder, pero con el costo de la desmovilización y el riesgo de la burocratización de los principales movimientos sociales y políticos originados en la lucha por la redemocratización (años 80) y contra el neoliberalismo (años 90).

El problema político se evidenció cuando el lulismo llegó a su posible agotamiento, cuyo marco fue el brote de masivas manifestaciones espontáneas en junio de 2013. La fórmula lulista del pacto amplio, posibilitó la inserción económica de grandes estratos poblacionales anteriormente excluidos, sin embargo esa inclusión se dio básicamente a través del consumo. El aumento de la capacidad de los individuos para consumir bienes básicos y superfluos significó, para aquellos que se beneficiaron, un aumento de bienestar y al mismo tiempo garantizó la ampliación del mercado interno, necesaria para el crecimiento de la industria nacional. No obstante, la misma fórmula lulista de pacto amplio también impidió que políticas públicas más osadas para la promoción de ciudadanía y de ampliación de derechos fuesen tomadas. Es decir, la fortuna y la virtud lulista tenían un límite: la inclusión debía darse, primordialmente, por el consumo y por la lógica privada y no por la ciudadanía o por la lógica del bien público.

La expansión de lo público se observó, pero apenas bajo dos condiciones: (a) cuando el aumento del gasto acompañaba el aumento de la recaudación y el respeto a la "responsabilidad fiscal" y (b) cuando se trataba de atribución directa, mas no exclusiva, del gobierno federal, como en el caso del fortalecimiento de las universidades federales. Esto no impidió, sin embargo, que la educación superior privada creciera más que la pública, ni tampoco significó una mejoría importante de la educación básica, relegada a cada coyuntura regional y a los acuerdos de gobernabilidad con los gobernadores y alcaldes. Lo mismo podría ser dicho sobre la salud: el fortalecimiento del sistema público de salud no quita a nadie el deseo de tener un buen plan privado de salud.

Fue justamente un desafío a la lógica de lo privado en detrimento de lo público el primer mensaje que emanó de las calles durante las protestas y que llevó multitudes a las manifestaciones de junio. La negativa popular al aumento de la tarifa del transporte público en la ciudad de São Paulo fue el catalizador de un inmenso número de demandas y pautas que más adelante aparecerían escritas a mano en pancartas exhibidas en las calles de todo el país. De esa multiplicidad, sin embargo, pueden ser extraídos los temas principales: educación pública, salud pública, derecho a la ciudadanía y movilidad urbana, seguridad pública, reducción de la violencia y criminalidad, derecho a la vivienda y el combate a la corrupción.

Las banderas más reaccionarias y conservadoras destacadas por algunos con el objetivo de deslegitimar el grito se las calles, fueron limitadas y poco representativas, aunque inevitables, dado el carácter descentralizado y horizontal de las protestas, compuesto mayoritariamente por jóvenes inexpertos en manifestaciones e influenciados por la cultura de masas y por los carteles ideológicos de los medios de comunicación privados. La lectura más detallada revela, sin embargo, cierta coherencia en la polifonía de las calles: la demanda es por lo público. Los partidos políticos de izquierda y los movimientos sociales tradicionales no tienen condiciones políticas ni legitimidad para liderar tales protestas, justamente por el hecho de que han compuesto y legitimado el gobierno que ha resuelto parcialmente los problemas sociales, pero que también cristalizó los límites para cualquier solución más radical y profunda.

La adhesión, desmovilización, burocratización e institucionalización de los movimientos sociales y partidos de izquierda en los gobiernos de Lula y Dilma posibilitaron los beneficios socioeconómicos obtenidos por la nueva clase trabajadora en un contexto de consolidación democrática, mas también han impedido que esos grupos dirigiesen la amplia demanda fragmentada emanada de las calles, que es fruto del pasivo del pacto conservador.

Cuando la presidenta Dilma Rousseff se manifestó públicamente por segunda vez desde el estallido de las protestas, supo evitar que la agenda fuera dictada por los intereses creados en los medios de comunicación (Rede Globo) y contrarió lecturas de eminentes personalidades de su propio partido (la tesis de que las manifestaciones expresaban la triada: "golpe, fascismo y derecha"). Mas al proclamar un pacto con gobernadores, alcaldes y sociedad civil, el primero de los cinco puntos - responsabilidad fiscal - evidencia que, a pesar de haberse dado cuenta de la necesidad de hacer política en vez de una gestión supuestamente técnica, la lógica lulista aún sigue dictando las respuestas políticas: un análisis de coyuntura y de la correlación de fuerzas del momento orientó el diseño de una acción quirúrgica con miras a curar los efectos desestabilizadores de las protestas.

De hecho, el mensaje de las calles era claro al pedir políticas que tendrían como resultado la elevación del gasto público en detrimento de la política de austeridad (recorte de gastos y elevación de la tasa básica de interés) que ha sido implantada por el gobierno. Sin embargo, siguiendo la formula lulista, las respuestas gubernamentales a las demandas populares son aceptables, legítimas y hasta deseables, desde que no afecten los intereses consolidados de los capitales rentistas y oligopólicos que aún dominan la estructura económica. Por eso los demás puntos del pacto propuesto (transporte público, salud, etc.) se deben subordinar al primero (responsabilidad fiscal), insertado por la presión de grupos dominantes y de los gobernadores y alcaldes, aunque en contra de la voluntad manifestada en las calles.

La nueva clase trabajadora, una vez beneficiada por la inclusión en el mundo del consumo, desea derechos y ciudadanía: percibió que la vida mejoró de la puerta de la casa para dentro, más sigue desagradable de la puerta hacia fuera, es decir, en el espacio público. Mas está claro también que el aliento y el alcance de las protestas realizadas de manera espontánea fueron limitados. Sin la organización profesional del movimiento exigida por el mundo de la política, la fiscalización cotidiana del poder no se realiza y después de los síntomas de fiebre o convulsión, el cuerpo político, que ensayaba cambios de hábito, tiende a volver a la normalidad: (a) la reforma política y el plebiscito no serán llevados a cabo y (b) la popularidad de la presidenta Dilma Rousseff, tras una caída de 27 puntos percentuales luego de las protestas, ha empezado a mejorar. El mensaje, no obstante, fue dado a la izquierda oficialista y al gobierno: el pueblo quiere más y cuando salga a protestar ya no será bajo su dirección.