Por estos días, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia está aplicando la encuesta ECAS 2016 a estudiantes de sexto grado en adelante. Esta encuesta, que indaga sobre comportamientos y actitudes sobre sexualidad, ha generado polémica por la naturaleza explícita e intrusiva de las preguntas.
Es indiscutible la necesidad de conocer y dimensionar fenómenos como los del abuso o la explotación sexual, el embarazo en adolescentes y otros que nos agobian como sociedad. Si no se tiene información veraz y precisa, es difícil tomar acciones efectivas o fijar políticas pertinentes. Sin embargo, el fin no justifica los medios. Cualquier investigación similar en una universidad o centro de investigación tendría que pasar por el filtro del respectivo Comité Ético de Investigaciones o Institutional Review Board (IRB). Estas instancias surgieron en la década de los 70 como respuesta a infames casos de maltrato físico, como los experimentos del régimen nazi o los estudios de sífilis de Tuskegee, o psicológicos como el experimento de la cárcel de Stanford o los estudios de Milgram, entre otros.
Hoy en día, estos comités son la norma, y los protocolos de investigación deben someterse a su escrutinio antes de empezar cualquier trabajo de campo con sujetos vivos. Una función esencial de estos comités es determinar si los beneficios para la ciencia o para los participantes justifican los costos en los que se incurra para obtenerlos. Dichos costos incluyen, entre otros, riesgos psicológicos potenciales resultantes de la exposición a temas o situaciones perturbadoras.
Encuestas como la del DANE deben realizarse, por supuesto, dada su importancia para la sociedad. Pero sopesando cuidadosamente los costos y beneficios inherentes, y cumpliendo estrictamente las buenas prácticas éticas. Estas prácticas son especialmente importantes cuando los participantes son menores, dado el poder que los investigadores tienen sobre ellos. Aunque sea implícitamente, la influencia de los investigadores se constituye en una presión coercitiva que obliga al encuestado a responder, aunque prefiera no hacerlo.
Entre otras prácticas, es de rigor informar a los participantes de cualquier riesgo y darles la opción de no participar, si no lo desean. Esto se protocoliza con un consentimiento informado. Además, por ser menores, es obligatorio tener también el consentimiento de sus padres o acudientes. Esto no obsta que, adicionalmente, se tomen todas las medidas para garantizar la integridad de los participantes, proteger su intimidad y asegurar la confidencialidad de sus respuestas.
Investigaciones tan importantes como la del DANE se desvirtúan si no cumplen estrictamente con estas buenas prácticas. El indudable beneficio que pueden representar sus hallazgos no puede obtenerse a costa de poner en riesgo a los niños y adolescentes que precisamente busca proteger.
