Se atribuye al exsenador estadounidense Patrick Moyniham la siguiente expresión: tienes derecho a tu propia opinión, pero no a tus propios hechos. Por ejemplo, todos tenemos derecho a creer que la disolución del Congreso en el Perú equivale a un golpe de Estado, pero no a presentar la opinión de una columnista del The Wall Street Journal como la posición editorial de ese diario (como hizo el diario Gestión en días pasados).
Los hechos en esta materia son claros. No existe un solo medio internacional influyente (incluyendo al The Wall Street Journal), cuya opinión editorial califique como un "golpe de Estado" lo ocurrido en el Perú. Sí existen medios internacionales influyentes (como el diario El País de España), cuya opinión editorial sostiene que la disolución del Congreso en el Perú fue una decisión constitucional. Tampoco existe un solo gobierno en el mundo que haya calificado esa decisión como un golpe de Estado o, cuando menos, una decisión inconstitucional. Ni existe una sola organización internacional que sostenga que se trató de un golpe de Estado o siquiera una decisión inconstitucional.
Hasta aquí los hechos sobre la respuesta internacional a lo ocurrido en el Perú. Se puede argumentar que esos actores podrían estar equivocados lo cual, sin duda, cabe dentro de lo posible (aunque parece poco probable dado que su respuesta fue unánime). Se podría argumentar también que solo compete a los peruanos, en general, y al Tribunal Constitucional, en particular, decidir sobre la constitucionalidad de las acciones de nuestro gobierno. Pero eso no es estrictamente cierto, porque el Estado peruano es parte por voluntad propia de acuerdos internacionales que, como la Carta Democrática Interamericana, autorizan a actores externos a pronunciarse sobre esos temas. Por lo demás, fue la propia mayoría del Congreso disuelto la que sometió este tipo de temas a la consideración de actores internacionales, al solicitar la opinión consultiva de la Comisión de Venecia. Se puede argumentar, por último, que algunos actores internacionales tienen su propia agenda. El Secretario General de la OEA, por ejemplo, buscaría su reelección en el cargo, lo cual le da incentivos para no alienar a los gobiernos de cuyo voto depende esa postulación. Pero eso también es cierto de constitucionalistas peruanos que se pronuncian sobre la constitucionalidad de la disolución del Congreso sin aclarar que, por ejemplo, uno de ellos representa a Keiko Fujimori ante el Tribunal Constitucional y otro de ellos es abogado del fiscal Pedro Chávarry.
Por lo demás, existen razones para suponer que quienes se equivocan son, cuando menos, algunos entre aquellos que consideran lo ocurrido en el Perú un golpe de Estado. Me refiero a quienes, tras las elecciones de 1990, llamaban a un golpe de Estado para impedir que Alberto Fujimori asumiera la presidencia, y que en 1992 celebraban el golpe de Estado de Alberto Fujimori. O que en 1987 tenían por némesis al gobierno de Alan García por estatizar la banca, y que en 2006 postulaban que García habría de salvarnos de Ollanta Humala. A este último comenzaron llamándolo con temor nuestro Hugo Chávez, para terminar llamándolo con desprecio Cosito.
Ahora consideran que alguien que fue compañero de fórmula presidencial de Pedro Pablo Kuczynski y Mercedez Aráoz en representación del mismo partido por el que fue elegido congresista Pedro Olaechea, no puede ser sino un dictador chavista.
