"Vamos bien, mañana mejor". Ese slogan, acuñado en tiempos de la dictadura, era toda una profesión de fe en el modelo neoliberal instaurado por Pinochet. Un modelo que se ha mantenido por décadas, al igual que la citada consigna, al menos entre los sectores más privilegiados. Ahora ha quedado de manifiesto la falacia que escondía. ¿Vamos bien? "No”, dice la gente en las calles de Santiago y otras ciudades. ¿Mañana mejor? Solo pocos lo creen, a juzgar por las dimensiones de este estallido social, que se produjo en forma sorpresiva, pero no sorprendente teniendo en cuenta la enorme desigualdad económica y social, además de la precariedad que afecta a muchas familias chilenas.
De oasis de estabilidad, Chile ha pasado a ser en solo un par de días un foco más de crisis en la región. Hay, sin embargo, algunos aspectos sorprendentes. En primer lugar, la virulencia de la protesta, que en algunos casos ha degenerado en estallidos de violencia y vandalismo desde todo punto de vista inaceptables y repudiables, que ya han cobrado vidas. En segundo término, la incapacidad del Gobierno para reaccionar a los peores disturbios que recuerde Chile desde el retorno de la democracia.
El presidente Sebastián Piñera todavía se daba tiempo para ira a una pizzería a celebrar el cumpleaños de un nieto el viernes pasado, mientras ya ardían las primeras estaciones del Metro de Santiago. A todas luces, no aquilató correctamente la gravedad de la situación, como tampoco el ministro del Interior, que pasó horas brillando por su ausencia. La decisión oficial de dejar sin efecto el alza de pasajes del Metro –detonante directo de la protesta- se produjo demasiado tarde para frenar las manifestaciones de descontento, que van mucho más allá. Sobre todo porque mucha gente tiene la impresión de que las autoridades no entienden realmente lo que está pasando. Una muestra: ante las primeras quejas por el alza en el ferrocarril metropolitano, el ministro de Economía recomendó a los usuarios salir más temprano, a las horas en que las tarifas son más bajas.
Esa no ha sido la única declaración desafortunada de los últimos tiempos. En la misma categoría puede inscribirse la del presidente Piñera, que el domingo habló de una "guerra” contra un "enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni nadie”. Con esa lógica, la respuesta es el estado de emergencia y el toque de queda. Y aquí cabe mencionar otro hecho sorprendente: los manifestantes desafían la prohibición de salir a la calle tras determinada hora y no dan muestras de amilanarse. Son, en su gran mayoría, jóvenes que no vivieron la dictadura y no sienten esa inquietante sensación que produce en los mayores ver a un general a cargo del resguardo del orden.
Pero lo más inquietante es que no se vislumbra un cauce político que se haga cargo de este malestar transformado en rebelión. Las demandas sociales, muchas de ellas legítimas, no se podrán satisfacer de un día para otro. Las reformas de fondo en el sistema de salud, de educación o de pensiones están pendientes desde hace años y no cabe esperar cambios medulares en lo inmediato. Ni los caceroleos, ni las manifestaciones, ni las huelgas pueden generar esas transformaciones. Menos si las enturbia una violencia repudiable. Solo los legítimos representantes de la ciudadanía, elegidos en las urnas, pueden y deben dar cuerpo a la voluntad popular a este nivel. Así funcionan las democracias.
Pero el gobierno se siente acorralado, y recurre al estado de emergencia. Y la oposición tampoco parece saber qué hacer. Eso resulta desalentador. Porque es necesario articular respuestas políticas al descontento de la gente, para que esta crisis pueda generar una oportunidad. En todo caso, son cada vez menos los convencidos de que "vamos bien, mañana mejor”.
