Durante este contexto de pandemia se han presentado una serie de iniciativas legislativas por parte del Congreso de Perú, que van desde congelar las deudas de todos los deudores del país, hasta otorgar diversas facilidades para asumir las mismas. Se trata de iniciativas que tienen como objetivo aliviar la crisis económica de los hogares y, por lo tanto, cuya intención es buena y más que rescatable. Sin embargo, pese a ser iniciativas bien intencionadas, no se está analizando a cabalidad los impactos negativos que estas normas, de aprobarse, podrían convertirse en una acción contraproducente para el país, si no cuentan con sustento técnico adecuado y un análisis prolijo en las comisiones pertinentes. Algo similar pasó con la ley de estacionamientos aprobada en la comisión de defensa del consumidor: por regular el cobro por minuto para beneficiar a aquellas personas que no usaban mucho tiempo un estacionamiento privado, terminó aumentando el valor de la misma, perjudicando a miles de usuarios en todo el país, beneficiando a quienes inicialmente querían sancionar: las empresas de estacionamientos.

En el país existen 16,2 millones de créditos a personas naturales y jurídicas dentro del sistema financiero al 7 de agosto de 2020. De este total, 8.4 millones de créditos han sido ya reprogramados. Los bancos ya han dado  apoyo a aquellos clientes que se han encontrado en una situación crítica. Esta medida ha beneficiado en mayor medida a los segmentos mype y de consumo. Por lo tanto, el objetivo de estas iniciativas, ya ha venido implementándose desde marzo a través de los bancos por un monto total de S/ 128.000 millones (alrededor de US$ 36.267 millones), lo que equivale a 17% del PIB del país. Este beneficio de reprogramación, más que duplica lo otorgado por Reactiva Perú.

El problema con estas iniciativas legislativas, es que al ser generalizadas, personas que no se han visto perjudicadas por la crisis económica y que tienen la posibilidad de honrar sus deudas, podrían dejar de pagar sus obligaciones. Esto no sólo afectaría al sistema financiero sino que afectaría a los clientes que ya no podrían acceder a préstamos en un momento en que más lo necesitan para mantenerse y crecer. Además, con estas leyes, no se está entregando una solución focalizada para aliviar a las personas que realmente lo necesitan. Para luchar contra la pobreza, la regla número uno es focalizar, de lo contrario los esfuerzos serán ineficientes. Hace falta identificar quiénes son las familias que se encuentran en una situación crítica y diseñar programas sociales estratégicos no solo para paliar la crisis en sus hogares sino para fortalecer sus capacidades productivas y mejorar su competitividad y por tanto, sus niveles de ingreso. Se están pensando en medidas paliativas cuando estamos en un momento en el que tenemos que pensar cómo incluir a todos en un adecuado sistema de protección social que evite que los hogares caigan en situación de pobreza en futuras crisis o choques adversos que se puedan presentar.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el segundo  trimestre, se observa que Perú ha tenido una caída del 40% del PIB en donde la mayoría de sectores económicos han sido duramente golpeados, como es el caso de alojamiento y restaurantes que tuvo un decrecimiento del 89%. De todos los sectores, el sector financiero ha sido el único que mejor se ha comportado frente a la crisis. ¿Por qué golpear al único sector que se está manteniendo?

En Perú existen alrededor de 52 entidades financieras de las cuales 37 tiene al 80% o más de sus créditos expuestos a mypes y de consumo. En un contexto en donde más que nunca se necesitan de políticas serias de inclusión financiera, esta medida afectaría principalmente a las microfinancieras quienes día a día trabajan para incluir en el sistema financiero a las mypes y pequeños emprendedores. ¿Debe reformarse el sistema financiero? Pues sí, el sistema financiero, de seguros y de pensiones debe estar en constante observación y análisis y pensar en reformas de cara al siglo XXI, pero una norma que no ha sido bien pensada no va a ser la solución. Las políticas públicas, incluidas las iniciativas legislativas, deben apuntar a solucionar los problemas centrales que afectan a las personas.

Es importante, por ello, que el Congreso pueda ser consciente del impacto positivo y negativo que puede generar una norma. No basta con buenas intenciones, hay que ser estratégicos e ir más allá, de lo contrario el remedio será peor que la enfermedad y esto es lo que menos necesitamos en este momento. Estoy segura que ningún congresista está pensando “voy a aprobar una norma para afectar el país”, pero lo cierto es que con estas iniciativas, lo harán.