Todos hemos sido testigos de la debacle del empleo y el mundo del trabajo, globalmente. Día a día, la pérdida de puestos laborales se dispara, y casi la mitad de la población activa mundial podría llegar a perder su fuente de ingreso y vida. Los últimos datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en el mercado laboral, revelan su efecto devastador en los trabajadores y en cientos de millones de empresas en todo el mundo.
Chile no es la excepción. El COVID-19 llevó al desempleo en el Gran Santiago a dispararse hasta un 15,6% en marzo, el mayor nivel en 35 años, según el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. La cifra representa un total de 469.284 desempleados y las proyecciones no son alentadoras. No debemos olvidar que detrás de los fríos números, hay rostros que se materializan en familias, padres e hijos, personas vulnerables y de clase media que no ven salida, porque sin su fuente de ingresos, simplemente, no pueden cubrir sus necesidades básicas. Lo más preocupante es que son hombres y mujeres que a raíz de la cuarentena obligatoria ya no pueden buscar alternativas; ni siquiera instalarse a vender en la feria, ofrecer sus productos en el metro o en las aceras de la ciudad. Ni hablar de sectores productivos como la construcción, el transporte aéreo, la hotelería, los restaurantes, el comercio minorista, quienes están prácticamente paralizados, generando la consiguiente cesantía.
En medio de esta sobrevivencia frente a la pandemia sanitaria y social, como Pacto Global Chile, sabemos que la gran mayoría de las empresas han intentado por todos los medios evitar las desvinculaciones. En algunos casos, se ha acordado en conjunto una baja de los sueldos, en otros, una rebaja en los beneficios, vacaciones adelantadas y se han entregado anticipos, para ayudar a la situación de las familias. Sin embargo, para muchas compañías, pese a las buenas intenciones y empatía social, la realidad financiera las torna insostenibles y las obliga a tomar esta última medida.
Ningún país del mundo estaba preparado para esta profunda crisis, por ello, la Ley de Protección al Empleo impulsada en Chile ha tomado tanta fuerza, y ya más de 92.000 empleadores han solicitado la adhesión a la normativa que permite la suspensión de contratos de trabajadores, mientras el seguro de cesantía se hace cargo de un pago que reemplaza sus remuneraciones. Una cifra con rostro, que involucra a la fecha a cerca de 600.000 personas que podrán tener algo de liquidez para sus familias en medio de esta pandemia histórica.
Así las cosas, se ha demostrado que todas las medidas de reactivación económica deben estar basadas en el sentido de urgencia, ser creativas y flexibles. Como sociedad, debemos en conjunto, buscar el encuentro social y desterrar las disputas políticas que nada aportan. Debemos abrir el espectro e ir al salvataje de todas las empresas, ya sean grandes, medianas o pequeñas, porque todas dan empleo, y su protección es fundamental. Las buenas ideas que se plantean, –vengan de donde vengan–, deben ser respaldadas por políticas e instituciones fuertes, con la mirada puesta en sistemas de protección social amplios y dotados de más recursos, porque, –hoy es hora–, para que la recuperación sea efectiva y sostenible.
Por ello, no debemos perder la esperanza. Más aún, debemos cultivar la solidaridad y sensatez entre todos, pues hay muchas familias que lo están pasando mal. Defender y priorizar la protección del empleo es esencial para superar la crisis, porque independiente al confinamiento obligatorio y la propagación de esta pandemia sanitaria y social, el empleo es fundamental para la vida y desarrollo de nuestro país.
Hoy más que nunca, aunque estemos con las mascarillas puestas, debemos ser capaces de mirar a los ojos y sostener, –con el sacrificio que ello implica–, la mayor cantidad de empleos, porque el trabajo es la dignidad representada en la vida de las personas.
