Los tres tenores del plan de la transparencia para la emergencia en Colombia, el fiscal Francisco Barbosa, el procurador Fernando Carrillo y el contralor Carlos Felipe Córdoba hace tres meses lanzaron la estrategia para ejercer acciones penales disciplinarias y fiscales en el control del gasto público en la pandemia.

Su estrategia fue diseñada para investigar, revelar y sancionar casos de corrupción, pero en la práctica lo que desataron fue una comedia de una justifica convertida en un espectáculo mediático de coadministradores del gasto público en los entes territoriales. Con las intimidaciones de sanciones y los controles de advertencias revivieron el control previo que fue abolido para hacer más ágil la administración pública y, desde luego, con ello tienen paralizadas a las administraciones en los entes territoriales.

El pánico cunde en las gobernaciones y alcaldías. Sus funcionarios tienen miedo de tomar decisiones administrativas para evitar ser encarcelados, sancionados o destituidos. De hecho, la administración de justicia, los controles fiscales y disciplinarios se han convertido en instrumentos políticos para ganar popularidad. Ha quedado en evidencia que algunas de sus decisiones han sido exageradas, selectivas y deterministas para castigar y amonestar a funcionarios de acuerdo con ciertas particularidades políticas y regionales.

La procuraduría adelanta más de 1.000 procesos disciplinarios en contra de funcionarios regionales en 27 de las 32 gobernaciones y en más de 400 alcaldías. La Contraloría ha emitido más 396 alertas sobre  presuntos sobrecostos en contratos posiblemente viciados. El fiscal Barbosa, el más enredado de los tres, habla de decenas de indagaciones penales en contra de gobernadores y alcaldes. Es claro que los dictámenes de las tres instituciones están sustentados en bastantes supuestos.

Es una pandemia de investigaciones en contra de los poderes regionales. Se evidencia que  se están tomando medidas calcadas de los libretos de una justicia convertida en espectáculo para ganar réditos populistas.

En un país como Colombia que requiere que sus organismos de control actúen con más  transparencia y con menos populismos en sus medidas para torcerle el pescuezo a la corrupción, debido a que los grandes escándalos de corrupción como Reficar, Interbolsa, u Odebrecht, siguen sin castigos concretos sobre sus principales protagonistas.

En el plano del gobierno nacional, la vigilancia sobre los gastos de los recursos públicos en esta pandemia ha sido laxa. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana dio a conocer un análisis sobre la transparencia en la disposición y destinación de los recursos públicos destinados a atender la emergencia sanitaria, pero al leerlo deja en claro los protuberantes sesgos de los organismos de control en sus investigaciones.

Radicales con los entes territoriales y laxos con el poder central. El informe, dice, que “no hay transparencia en el uso de los recursos públicos dispuestos durante la coyuntura y no hay certeza de cuales han sido los gastos realizados”. Se cuestionan las cifras que se han publicado para la atención a la pandemia de 117 billones de pesos (alrededor de US$ 32.000 millones), equivalentes al 11% de PIB, pero se dice en el análisis que el 6% son garantías de créditos y no recursos para ser gastados en la emergencia. Se sostiene que “la principal fuente de recursos son los que están centralizados en el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) que asciende al 2,4% del PIB, y asegura que “a la fecha los traslados del FOME y otras fuentes para la atención a la pandemia son 3,6 billones de pesos (alrededor de US$ 1.000 millones), equivalente al 0,34% del PIB.

Explica que “la totalidad de los contratos firmados por el Ministerio de Hacienda y otras entidades es de apenas de 2,7 billones de pesos (US$ 750 millones), el 0,25% del PIB.

En el estudio se afirma que el gobierno nacional “ha suscrito 3.711 contratos por 2,7 billones de pesos” y el grueso de los mismos ha sido realizado por el Ministerio de Hacienda, desde donde se centralizan los recursos para atender las necesidades y “se han contratado 2,2 billones de pesos (US$ 608) con 40 instituciones.

Se analiza que “a partir de las resoluciones y los contratos se puede concluir que desde el ministerio de Hacienda se han destinado recursos por 5,8 billones de pesos (entorno a US$ 1.600 millones)”. Entonces, “de los 3,6 billones de pesos (US$ 1.000 millones) transferidos por el Ministerio de Hacienda a distintas entidades, apenas 1,7 billones de pesos (US$ 470 millones) tienen descripciones específicas y fines verificables, como las transferencias de Ingreso Solidario, Familias en Acción y Colombia Mayor.” “Mientras que 1,9 billones de pesos (US$ 525 millones) corresponden a rubros sin especificar y con destinaciones vagas como “necesidades presentadas” y “fortalecimiento” de las entidades que los reciben”. Entonces, “sólo 4,1 billones de pesos (alrededor de US$ 1.130 millones) del gasto de emergencia han sido reportados al público con un nivel de precisión aceptable.” De la lectura de este estudio del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana se concluye que los tres gatos son virolos cuando se trata de la vigilancia de los gasto del gobierno nacional.