“En algunos casos ha habido manipulación de precios, uso abusivo de una posición dominante. En el fondo es abusar de los peruanos. Le quiero decir a esas personas que vamos a ser implacables y que tenemos las facultades […] para perseguirlos y castigarlos porque lo que están haciendo es inmoral y un atentado a la salud y la vida de todos nuestros compatriotas”. ¿Identificó al populista radical que habría hecho esas declaraciones? Si lo hizo, se equivocó. Me tomé la libertad de cambiar “chilenos” (el gentilicio original), por “peruanos”: son declaraciones del presidente Sebastián Piñera a la televisión de su país. Las brindó luego de que, según comunicado del Ministerio de Salud de Chile, este colocara los servicios de salud privados a disposición del sistema público de salud, para “hospitalizar un paciente independiente de su previsión, de acuerdo a la necesidad”. Además, dicho Ministerio tiene la facultad de nombrar delegados que tomen control médico y administrativo de nosocomios privados, lo cual se hizo por primera vez con la clínica Elqui en la región de Coquimbo.
No es que esas políticas estuvieran exentas de críticas en Chile (por ejemplo, por el monto de las compensaciones que se pagaría a las clínicas privadas), pero en Perú, tras unos dos meses de negociaciones, no se había podido alcanzar acuerdo alguno. Entretanto, pacientes que podrían haberse atendido sin costo adicional para ellos bajo un eventual acuerdo entre el Estado y las clínicas privadas, tenían que pagar cuentas de cientos de miles de soles o pagar S/ 165 por un medicamento que se podía conseguir en farmacias privadas por menos de S/ 1,30. No se trata por lo demás de medidas inusuales en países capitalistas y democráticos bajo circunstancias excepcionales: Irlanda, otrora portaestandarte libertario para entidades como el Instituto Cato, también tomó control de hospitales privados durante la pandemia.
Lo que sí se había hecho en Perú era conceder créditos con fondos públicos e intereses menores a la inflación, garantizados por el Estado, a empresas privadas. Cosa que es común en los países antes descritos en un contexto de emergencia (recuerde, por ejemplo, el rescate a entidades financieras bajo el gobierno conservador de George W. Bush durante la Gran Recesión de 2008 a 2009). La diferencia es que en países desarrollados esos fondos de rescate suelen implicar condiciones virtualmente inexistentes en Perú. En la Alemania de Ángela Merkel el gobierno propuso rescatar con fondos públicos a la compañía aérea Lufthansa, pero a cambio obtendría un 20% de sus acciones. En Dinamarca las condiciones para acceder a un rescate con fondos públicos incluían que la empresa no estuviera basada en un paraíso fiscal ni repartiese utilidades hasta 2022.
El caso emblemático es el de Donald Trump, quien inicialmente se negó a invocar el Acta de Producción para la Defensa de 1950 porque ello convertiría a su país en un émulo de Venezuela. Pero terminó por invocarla para obligar a la empresa General Motors a fabricar para el gobierno una cierta cantidad de respiradores mecánicos a un precio predeterminado. Algo similar a lo que hizo el gobierno conservador de Boris Johnson con la empresa Dyson, siguiendo una tradición británica que, durante la Segunda Guerra Mundial, obligó a empresas privadas a participar en el proceso de producción de los aviones caza Spitfire.
