“La actividad financiera y de M&A en Perú es inmune a la política”. Esta es una frase que hemos venido escuchando en las últimas décadas por parte de actores importantes del mercado financiero internacional, quienes insisten en que, a pesar de los distintos regímenes que nos han gobernado desde los 90 (con cuatro presidentes investigados por actos de corrupción), el país se ha mantenido “sólido” a nivel macroeconómico, manteniendo una actividad transaccional constante y atrayendo el interés de la inversión extranjera.
Según los informes elaborados por Transactional Track Record (TTR), si bien la actividad en transacciones de M&A, venture capital y private equity tuvo un incremento en el primer trimestre de 2022, el total de las transacciones y los importes transados en el segundo y tercer trimestre del año se han visto reducidos, tanto respecto del primer trimestre como de los mismos trimestres del año pasado.
Luego del resultado electoral de 2021, tuvimos la percepción inicial de que, a pesar de la inestabilidad política, el país continuó atrayendo capital de inversionistas que buscaban aprovechar oportunidades derivadas de la coyuntura; pero la más reciente reducción de liquidez en el mercado financiero (producto de distintos factores como la guerra en Ucrania o la crisis inflacionaria global), de la mano con el continuo nivel de desempeño del gobierno peruano, ha generado la reducción que se refleja en las cifras publicadas por TTR.
La gota que derramó el vaso
Es relativamente común escuchar a inversionistas que cubren Latinoamérica decir que parte de su trabajo es medir y asumir el riesgo político, especialmente si procuran comprar a menores múltiplos de EBITDA producto de ello. Sin embargo, este perfil de inversionistas suele apalancarse para cubrir una porción sustancial del precio de adquisición que asumirá, para lo cual resulta altamente relevante el nivel de liquidez en el mercado financiero y el apetito de los proveedores de recursos (típicamente bancos y fondos de deuda) por tomar ese tipo de riesgos a tasas de interés razonables.
Es ahí precisamente donde creemos que radica la reciente “gota que derramó el vaso”, y que ha generado una reducción en el volumen de operaciones e importes transados en la segunda mitad de 2022.
Nuestra percepción no es la de una reducción de interés por parte de los inversionistas que buscan aprovechar coyunturas y medir el riesgo político. El interés se mantiene. El problema es que las operaciones no llegarán a etapas de ejecución o negociación, y menos a cerrarse, si los inversionistas no logran acceder a los recursos necesarios a un costo financiero que funcione, que no altere la rentabilidad de la inversión hasta el punto de restarle atractivo, y bajo términos (obligaciones, colateral, etc.) razonables.
Curiosamente, al no haberse reducido el interés sino la ejecución de las operaciones, tenemos la impresión de que la menor liquidez ha generado a su vez oportunidades para prestamistas menos “estándar”, quienes buscan colocar fondos a elevados costos financieros y términos agresivos de repago anticipado (comisiones de prepago, makewhole, etc.), apuntando a que ciertos inversionistas busquen ir adelante con operaciones estratégicas de M&A, pensando en refinanciar la deuda de adquisición en el corto plazo.
En todo caso, nos espera un interesante fin de 2022 y comienzo de 2023 en lo que respecta a la ejecución de operaciones de M&A, y en particular, a su financiación en el corto y mediano plazo.
