En tiempos de pandemia, incluso gobiernos democráticos han suspendido el derecho a la privacidad sobre la información personal para poder rastrear a las personas infectadas y a sus contactos. Siempre se dirá que esas son medidas temporales en tanto prevalezca el estado de emergencia, pero la historia indica que los gobiernos suelen ser renuentes a ceder esas nuevas prerrogativas una vez pasada la conmoción social que les dio origen.
Pero una cosa son medidas que podrían justificarse por el contexto en el que se adoptan, y otras medidas de impronta autoritaria que aprovechan la pandemia como pretexto. Ese es el caso, por ejemplo, del gobierno de Víctor Orban en Hungría. Aún antes de la pandemia la Comisión Europea había iniciado varios procesos en su contra por medidas de ese tipo (por ejemplo, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por vulnerar la autonomía del poder judicial). Ahora, con el pretexto de la pandemia, Orban empleó su mayoría en el Congreso para obtener poderes extraordinarios que le permiten legislar por decreto y suspender la vigencia de normas legales sin consultar con nadie. Además, se le concedió la prerrogativa de decidir cuándo cesar la situación de emergencia y, por ende, sus nuevos poderes. Lo cual es particularmente preocupante cuando se recuerda que la norma aprobada por el Congreso suspende todo proceso electoral y restringe la libertad de expresión.
En Israel, los ciudadanos se enteraron de que eran espiados mediante un programa secreto para obtener información privada a través de sus teléfonos, sólo cuando el Primer Ministro Netanyahu autorizó a los servicios de seguridad a emplearlo para rastrear el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social. De otro lado, Netanyahu suspendió el funcionamiento de los juzgados cuando estaba por iniciarse un proceso judicial en su contra por tres cargos, uno por soborno y otros dos por intercambio de favores con propietarios de medios de comunicación.
En el caso del gobierno interino de Bolivia, las medidas autoritarias se iniciaron antes de la pandemia y continúan durante la misma. Por ejemplo, a pedido del ministro del interior cientos de políticos y exfuncionarios públicos vienen siendo juzgados por cargos tan disímiles como corrupción, terrorismo, fraude electoral y sedición. A su vez, el ministro de comunicación amenazó a periodistas nacionales y extranjeros con iniciar procesos en su contra, también por sedición. Todo lo cual ocurre en un contexto en el cual la permanencia en el cargo de dos terceras partes de los magistrados del Poder Judicial depende de una decisión discrecional del ministro de justicia. Prueba del sometimiento de una parte del poder judicial al nuevo gobierno es el hecho de que, tras anunciarse la nominación del exministro Luis Arce como candidato presidencial del MAS (el partido de Evo Morales), en menos de 24 horas el gobierno interino anunciaba el inicio de una investigación judicial en su contra por corrupción.
El punto no es que, bajo gobiernos que dicen ser democráticos, no puedan aprobarse medidas excepcionales que suspendan ciertos derechos en situaciones de emergencia. Es más bien que, para evitar que estas sean objeto de manipulación política, ello debiera ocurrir bajo supervisión de un poder judicial independiente y con reglas claras que eviten su prolongación por tiempo indefinido. Condiciones que no se cumplen en esos y otros casos similares alrededor del mundo.
