En diversas ocasiones expresamos que varios alegatos de Rusia en torno a Ucrania tenían fundamento en los hechos. Cuando se revisan documentos desclasificados tanto del gobierno estadounidense como del alemán, parece claro que, aunque de manera verbal, sí hubo un ofrecimiento a la Unión Soviética de no extender la OTAN hacia Europa oriental (no hablemos ya de las fronteras de Rusia). También son hechos no sólo el origen fascista del Batallón Azov (puntal de la defensa de Mariúpol), sino además que este reivindica a Stepan Bandera (líder ucraniano que, durante la Segunda Guerra Mundial, colaboró con la ocupación nazi), y que cometió violaciones a los derechos humanos contra población civil (según un reporte de la ONU de 2016).
Pero también es cierto que la posición rusa ignora toda aquella información que contradice su propia narrativa. Por ejemplo, que la derecha radical ucraniana (de la que forma parte el Batallón Azov), sólo obtuvo el 2.5% de los votos en las elecciones parlamentarias de 2019. Que la organización de mercenarios (con nexos con el Kremlin) conocida como “Grupo Wagner”, fue fundada por un fascista (Dmitry Utkin), o que el propio Putin repatrió los restos y escritos de un fascista ruso (Iván Ilyín).
Habitualmente los defensores de la posición rusa cuestionan la independencia y veracidad de las fuentes que proveen dicha información (como, presumo, ocurrirá con lo que acabo de decir). Así que, para evitar debates en torno a las fuentes, citemos sólo fuentes del gobierno ruso. El 12 de febrero pasado la agencia Russia Today (RT), citaba a Putin diciendo que Estados Unidos “proporciona a los medios de comunicación información deliberadamente falsa sobre los supuestos planes rusos para ‘invadir’ Ucrania”: dado que dos semanas después Rusia invadió Ucrania, podemos concluir que quien brindó información falsa sobre sus intenciones fue Putin.
El 24 de febrero (día en que se inició la invasión), RT cita fuentes del Ministerio de Defensa ruso, según las cuales “Los militares rusos no realizan ataques contra ciudades ucranianas y no hay amenaza para la población civil”. Es decir, en vísperas de que las fuerzas armadas rusas intentaran cercar Kiev e incursionar en Járkov (las dos principales ciudades de Ucrania), y poco antes de que sus bombardeos destruyeran casi por completo la ciudad de Mariúpol.
Por último, el 7 de marzo, siempre según RT, Putin aclaró que en “la operación militar rusa en Ucrania no participan soldados del servicio militar obligatorio ni reservistas”: el 9 de marzo el propio Ministerio de Defensa ruso reconoció que había conscriptos entre los soldados enviados a Ucrania, luego de que algunos de ellos se identificaran como tales, tras ser capturados por el ejército ucraniano.
Como vemos, el viejo adagio según el cual la primera víctima de la guerra es la verdad no solo es acertado, sino que además suele aplicar a todas las partes involucradas. En el caso de Rusia, ello incluye el alegato de que la anexión de Crimea tenía sustento bajo el derecho internacional. Pese a que diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU (adoptadas con el voto favorable tanto de la Unión Soviética como de Rusia), establecen el principio (derivado de los incisos tercero y cuarto del artículo 2 de la Carta de la ONU), de que es inadmisible la adquisición de territorios por la fuerza. Esa anexión también violó el Memorándum de Budapest de 1994, según el cual Rusia se comprometía a “respetar la independencia y soberanía de Ucrania bajo las fronteras existentes”, así como a que “ninguna de sus armas sea usada contra Ucrania, salvo en defensa propia o de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas” (bajo la cual, la defensa propia sólo procede “en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas”).
