En su artículo “Votar ‘bien’ y votar ‘mal” publicado en el diario El Comercio, Mario Vargas Llosa dice lo siguiente sobre las misiones de observación electoral en nuestra región: “Creo que lo ocurrido en Perú y en otros países de América Latina arroja demasiadas dudas sobre la validez de aquellas misiones de vigilancia electoral, que, a menudo, sólo sirven para echar una capa de supuesta validez a unas elecciones de naturaleza sospechosa”. ¿Existe evidencia en favor de esa afirmación?

Si fuese tan fácil embaucar a esas misiones de observación electoral las dictaduras nicaragüense y venezolana tal vez no las prohibirían. Las últimas elecciones generales en Nicaragua no contaron observadores independientes y, hasta las recientes elecciones regionales, tampoco lo hacían los procesos electorales en Venezuela. Y la reciente misión de observación electoral de la Unión Europea en Venezuela (tras 15 años de ausencia), explica el porqué de esas prohibiciones: según su primer informe, las elecciones regionales venezolanas padecieron de “deficiencias estructurales”, como “la inhabilitación política arbitraria” de candidatos, el “extendido uso de recursos del Estado en la campaña y un acceso desigual a los medios de comunicación”, “la falta de independencia judicial y el irrespeto al estado de derecho”, entre otras. Precisamente por señalar esas irregularidades deliberadas, el gobierno de Maduro expulsó de Venezuela a los observadores electorales de la UE antes de que dieran a conocer su informe final. 

Por cierto, la misión de la UE ante un gobierno de izquierda como el venezolano estuvo encabezada por una socialista portuguesa, del mismo modo en que la misión de la OEA ante un gobierno derechista en 2017 en Honduras estuvo encabezada por el conservador boliviano Jorge Quiroga. Pese a esa afinidad, dicha misión concluyó que “El cúmulo de irregularidades y deficiencias son tales que no permiten a la misión tener plena certeza sobre los resultados”. Del mismo modo en que una misión de la OEA ante un gobierno de izquierda en Bolivia concluyó en 2019 que “Las manipulaciones e irregularidades señaladas no permiten tener certeza sobre el margen de victoria del candidato Morales sobre el candidato Meza”. Y cuando Alberto Fujimori buscó una segunda reelección en 2000, la misión de la OEA concluyó que, “de acuerdo a los estándares internacionales, el proceso electoral peruano está lejos de ser considerado como libre y justo”.

Pero, en esos mismos países, las misiones de la OEA validaron los procesos electorales en los que fueron elegidos como presidentes Xiomara Castro en Honduras, Luis Arce en Bolivia (candidato del partido al que la misión de la OEA acusó por las irregularidades de 2019), y Pedro Castillo en Perú. Por ende, no parece cierto que, a menudo, esas misiones suelan validar procesos sospechosos.

Si es de los que creen que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, tiene un sesgo en favor de gobiernos de izquierda, no ha estado prestando atención a las noticias. Almagro fue reelegido en 2020 para el cargo con el respaldo unánime de los gobiernos de derecha del hemisferio. Además, Almagro dijo en 2018 lo siguiente sobre Venezuela: “En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción”, y en 2019 dijo lo siguiente sobre Bolivia: “En Bolivia hubo un golpe de Estado cuando Evo Morales cometió un fraude electoral”.

En el caso peruano, hemos visto a Pedro Castillo ingresar a la consabida vivienda de Breña cambiando el sombrero por un gorro creyendo que así pasaría desapercibido, o a uno de sus asesores “depositando” su dinero en un baño de Palacio de Gobierno. ¿Realmente cree que son personajes capaces de urdir un plan maestro para perpetrar un fraude que habría involucrado a miles de miembros de mesa sin que al día de hoy conozcamos la identidad de siquiera uno de ellos?