El 15 de mayo, Costa Rica recibió la invitación oficial para unirse como miembro tras haber aprobado las evaluaciones técnicas y se convertirá en el miembro número 38 de organismo. Costa Rica será el cuarto país latinoamericano (y el primer centroamericano) en integrar en la OCDE después de México (1994), Chile (2010) y Colombia (Abril 2020).
Para Costa Rica, las conversaciones de adhesión comenzaron el 9 de abril de 2015, cuando se diseñó la hoja de ruta a seguir. Los pasos restantes consisten en la firma y aprobación del protocolo de adhesión, la presentación de la Ley ante la OCDE y el pago de la cuota de incorporación. Aunque se pretende finalizar en 2020, teniendo en cuenta otros antecedentes como Colombia (que tardó siete años) es posible que el proceso complete su adhesión en 2021 o 2020.
Esta tendencia muestra cómo, progresivamente, los países de América Latina se unen al ‘ club de los países ricos’ (80% PIB Mundial) cerrando poco a poco esa brecha entre países desarrollados y emergentes.
Una OCDE más latinoamericana
En la fundación de la organización en 1961, ninguno de los 20 países fundadores eran latinoamericanos. Aunque de los actuales 38 miembros (incluyendo Costa Rica), cuatro lo son. Este incremento refleja la importancia creciente de América Latina en la economía mundial, el comercio exterior y en la captación de flujos de inversión extranjera directa.
Además, Argentina, Brasil y Perú están siendo considerados por el Consejo de la OCDE como posibles miembros. Todos estos países, así como República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Uruguay, forman parte del Centro de Desarrollo de la OCDE.
La aportación de América Latina en la economía internacional se está volviendo clave y su importancia en el orden global es también relevante. Para Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, “la bienvenida a Costa Rica en la OCDE es muy relevante en un momento en el que el multilateralismo es más importante que nunca. La mejor forma de afrontar los retos mundiales actuales es que las economías emergentes, en desarrollo y avanzadas trabajen de forma conjunta en la búsqueda de soluciones”.
La contribución latinoamericana a la OCDE puede ser también significativa en ciertos aspectos. Carlos Alvarado, presidente de la República de Costa Rica, se comprometía en la sede de la OCDE (2018) no sólo a mejorar las políticas públicas del país, sino también a agregar valor en el proceso.
Ventajas o inconvenientes
Una de las grandes preguntas es si la adhesión a la OCDE tiene realmente un impacto positivo en estos países o si se reduce a un instrumento de negociación y validación internacional. En primer lugar, los países deben demostrar ‘disposición’ para cumplir una serie de requisitos, cuyo proceso puede presionar y agilizar compromisos importantes. Es necesario asegurar la protección de los derechos humanos; demostrar ser una sociedad democrática (división de poderes, alternancia de partidos, periodicidad de los mandatos, etc.); y constituirse a través de ciertos criterios como una economía ‘abierta, transparente y de libre mercado’. El examen técnico evalúa las políticas y las prácticas del país y su capacidad para implementar las normas de la OCDE.
En el caso de Costa Rica este proceso ha llevado a comprometerse en la mejora de la educación pública (digitalización y pruebas PISA), de la competencia y el sistema legal financiero, o en la reforma del sistema estadístico nacional.
Hay que tener en cuenta que en dichos exámenes el apoyo de Estados Unidos es decisivo para los países latinoamericanos, puesto que es un miembro con mucha influencia en la organización (supone el 20,5% del presupuesto de la OCDE) y con un interés directo en la región, lo cual supuso, por ejemplo, varios obstáculos en el caso colombiano.
En segundo lugar, estos cumplimientos suponen un afianzamiento en la posición latinoamericana en la comunidad internacional. Para Jorge Sequeira, director general de la CINDE (Agencia de promoción de inversión de Costa Rica), “le da al país un prestigio único porque es señal de que cumplimos todos sus requerimientos como la mayoría de los países desarrollados [...] se va a ver traducido en una Costa Rica más eficiente y competitiva”, lo cual puede conllevar un incremento de flujo de inversión extranjera y una mejor participación en el mercado mundial de bienes y servicios.
Por último, la OCDE promueve el intercambio de recomendaciones entre sus miembros, lo cual puede constituirse como punto de apoyo para que los países latinoamericanos puedan diseñar reformas, partiendo de sus propios problemas, pero teniendo en cuenta los estándares de la organización. Algunas de estas áreas son el crecimiento inclusivo (los países latinoamericanos tienen el coeficiente de Gini –desigualdad– más alto de la OCDE), justicia, gobernanza empresarial, fiscalidad, educación, productividad laboral, gestión de residuos… El problema puede llegar cuando las ‘mejores prácticas’ recomendadas pueden no ser las más adecuadas al contexto, por lo que el análisis nacional será siempre fundamental para no cegarse bajo la lente de otros países que puedan estar basados en una lógica diferente.
La OCDE puede ser un referente para la cooperación internacional en tiempos donde el mundo multilateral está en crisis, y cuyos beneficios pueden recaer tanto en los países latinoamericanos como en el resto de sus miembros. Si bien es una herramienta útil para la reforma política, económica y social, la membresía de la OCDE no es sinónimo de impulso económico, puesto que la velocidad y eficacia de aplicación de las recomendaciones dependerá de la situación individual de cada país.