Para responder a esa pregunta ayudaría recordar cómo se creó el Grupo de Lima. De un lado, ese grupo fue fundado por 14 Estados. Es decir, por menos Estados de los requeridos para invocar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Venezuela. De otro lado, pese a ser uno de los países que buscó aplicar la CDI a Venezuela, los Estados Unidos no fueron invitados a formar parte del Grupo de Lima. Ello debido a sus discrepancias con la preferencia de la Administración Trump por el empleo de medios coercitivos para lidiar con Venezuela (desde sanciones económicas que afectan al conjunto de la población, hasta la posibilidad de recurrir al uso de la fuerza).
Esos antecedentes colocan en contexto la decisión de gobierno peruano de postular un candidato propio a la Secretaría General de la OEA. De un lado, la cancillería peruana coincide con diversos gobiernos de la región en que el retorno a la democracia en Venezuela debe seguir siendo una prioridad en la agenda hemisférica (a diferencia, se presume, de la postura de la candidata María Fernanda Espinoza). De otro lado, sin embargo, buscaría conseguir ese objetivo desde una Secretaría General que no reivindique para sí un protagonismo desmesurado, ni sea una aliada incondicional del gobierno estadounidense. Es decir, desde una Secretaría General que no ocupe Luis Almagro.
El gobierno estadounidense promueve a tal punto la candidatura de Almagro que, según reportes de prensa, llegó a exigir al gobierno peruano el retiro de la candidatura del embajador Hugo de Zela. Que la posición de Almagro es indistinguible de la del gobierno estadounidense lo prueban hechos como su respaldo a un posible empleo de la fuerza en Venezuela invocando el principio de Responsabilidad de Proteger, contemplado en una resolución de la Asamblea General de la ONU.
No deja de ser paradójico el hecho de que Venezuela ocupe un lugar prominente en el proceso de elección del Secretario General de la OEA. En primer lugar, porque el gobierno de Maduro ya no forma parte de la OEA. Aunque no pocos recordarían que unos 60 países reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, ello ignora dos hechos. En primer lugar, que la ONU cuenta con 193 Estados miembros: es decir, la gran mayoría de países no reconoce a Guaidó como presidente. En segundo lugar, porque, como sostiene el nuevo presidente conservador del Uruguay, quien ejerce de facto el gobierno en Venezuela es Nicolás Maduro: esa es la razón que alega para no reconocer a Guaidó. La captura en Venezuela de la senadora colombiana Aida Merlano (prófuga de la justicia), revela los problemas que suscita pretender lo contrario: el gobierno de Iván Duque sostiene que pedirá su extradición a Juan Guaidó, cosa que este no podrá hacer porque no fueron tropas leales a él quienes la capturaron y la mantienen detenida.
Por último, del debate en torno a la elección del nuevo Secretario General están ausentes las violaciones al orden constitucional cometidas por gobiernos conservadores. Pocos recuerdan hoy que el propio Almagro consideró fraudulento el proceso electoral de 2017 en Honduras y exigió la realización de nuevas elecciones. Mientras tanto el Grupo de Lima aceptó la incorporación del nuevo gobierno boliviano, pese al ostensible carácter inconstitucional tanto de su origen como de su conducta.
