La creciente brecha entre ricos y pobres no es una ley de la naturaleza. Tampoco hay que reinventar la pólvora para remediarla.
La buena noticia es que la desigualdad entre los países del sur y los del norte está disminuyendo a medida que aumenta el producto interno bruto, especialmente el los países emergentes. La mala noticia es que en los países de todo el mundo, la brecha entre los ricos y los pobres se está ampliando. Pero la desigualdad no es una ley de la naturaleza. Existen medidas tanto políticas como económicas para combatirla.
Progresividad y evasión tributaria
La progresividad tributaria grava los altos ingresos a un mayor porcentaje que los bajos. El principio de la progresividad es la medida más eficaz para la redistribución de ingresos dentro de una sociedad. En muchos países, sin embargo, los ingresos del trabajo se gravan a una tasa más alta que los ingresos provenientes de activos como las participaciones accionarias. La reforma fiscal del presidente Donald Trump va en esa línea. Eso produce una redistribución desde abajo hacia arriba en lugar de a la inversa.
La evasión de impuestos también es un gran problema. La Comisión de la Unión Europea estima que los estados miembros pierden entre 50 y 70 mil millones de euros cada año debido a trucos legales por parte de los acaudalados y las grandes empresas. Un regreso al principio de la progresividad y un sistema en el que los ricos pagan más que los pobres podría financiar inversiones gubernamentales en educación y salud, por ejemplo.
El que daña debería pagar
Hoy en día la economía trabaja a nivel global. Las materias primas se compran donde menos cuestan, luego se fabrica el producto en países con salarios bajos y se vende en todo el mundo. Las ganancias se gravan luego donde sea más favorable: en los llamados paraísos fiscales. Sin embargo, los costos de estas cadenas de producción globalizadas son pagados por los ciudadanos y el medio ambiente.
Una obligación de pagar impuestos en los lugares de producción y un registro mundial para impedir la evasión fiscal y el lavado de dinero podrían asegurar los recursos para inversiones públicas. La responsabilidad directa de las empresas por daños ambientales sería un incentivo para la producción de productos más respetuosos con el medio ambiente.
Salarios justos
Cuando las grandes empresas amenazan con reubicar una fabrica en otro país porque los salarios ahí son más bajos, los Gobiernos a menudo las apoyan. Lo que se pierde en el proceso es el salario justo, la seguridad en el trabajo y la seguridad social. Los salarios bajos significan también menos ingresos para el Estado y con ello menos dinero para inversiones públicas.
Si bien la mano de obra barata puede tener en el corto plazo un impacto positivo en las ganancias de las empresas, ellas perderán en el largo plazo si se ven afectadas por protestas, huelgas y disturbios sociales.
Educación para todos
La educación es el garante del progreso social en todo el mundo. Con la "Agenda 2030" de las Naciones Unidas, los países miembros se han comprometido a velar por educación para todos hasta el año 2030. Cada vez más trabajos requieren un alto nivel de educación. Un buen sistema educativo para todos garantiza empleos mejor pagados y promueve la democracia y la participación en la sociedad a través de la equidad.
Promover la igualdad
Ya sea en países ricos o pobres: las mujeres ganan en promedio menos que los hombres y tienen menos probabilidades de pertenecer a la elite política o económica. Si la equiparación continúa al mismo ritmo que hasta ahora, pasarán 217 años hasta que hombres y mujeres tengan los mismos ingresos.
¿Podemos permitirnos discriminar a la mitad de la población mundial? Estudios muestran que las mujeres son las que priorizan la educación y la buena nutrición para sus hijos. Sin la participación activa de las mujeres, tanto económica como política, no será posible reducir la desigualdad social en el mundo.