Con el objetivo de tener más control sobre los recursos naturales de Ecuador, en el 2010 el presidente Rafael Correa anunció que las petroleras privadas debían cambiar sus contratos de participación a prestación de servicios.
Quito. El 30 de abril pasado fue un día clave para la estatal brasileña Petrobras, que a criterio de asambleístas y analistas, es el gran ganador en temas que mantenía pendientes con el Estado ecuatoriano desde hace décadas y que significarían un perjuicio de US$5.217 millones.
Dos importantes decisiones para esta compañía se hicieron públicas ese día. El ministro de Recursos Naturales no Renovables, Wilson Pastor, anunció una indemnización de US$217 millones a Petrobras, tras haber alcanzado un consenso sobre la compensación que pagará el Estado por haber terminado de forma unilateral el contrato con la compañía brasileña.
Con el objetivo de tener más control sobre los recursos naturales de Ecuador, en el 2010 el presidente Rafael Correa anunció que las petroleras privadas debían cambiar sus contratos de participación a prestación de servicios.
Bajo los contratos de servicio, las petroleras privadas reciben una tarifa por producción, mientras el gobierno se convierte en dueño del 100% del crudo y gas producidos.
Petrobras y el gobierno no alcanzaron un acuerdo, lo que generó que en noviembre del 2010 la estatal brasileña anunciara su retiro de Ecuador, en medio de amenazas de plantear una demanda internacional en contra del país.
Petrobras operaba el bloque 18 y el campo unificado Palo Azul, con una producción de 19.000 barriles diarios (16.000 correspondían a Palo Azul) y tras su salida estas áreas pasaron a manos de la estatal Petroamazonas.
Petrobras había planteado una indemnización de US$344 millones, que incluía US$167,8 millones de inversiones no amortizadas desde el 25 de noviembre del 2010 a un interés del 18% anual.
La indemnización anunciada por Pastor se cancelará en dos años, una vez que se firme el acuerdo (entre este mes y junio), tras un cruce de cuentas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el desestimiento de la compañía de emprender una demanda internacional en contra de Ecuador.
Una primera parte se pagará en el 2012 y el resto en el 2013.
De acuerdo con el sindicalista petrolero, Fernando Villavicencio, la decisión de Petrobras de no renegociar el contrato y acogerse a la indemnización fue su mejor estrategia, pues más del 80% de las reservas probadas del campo ya fueron explotadas y los ingresos por tarifa de servicios que el Estado iba a cancelar a la compañía en el nuevo contrato, eran inferiores al monto que hoy recibirá por indemnización.
Además, sostuvo que es vergonzoso y perjudicial para el país una indemnización que beneficia no solo a Petrobras, sino a las otras excontratistas del bloque 18 y campo Palo Azul: Teikoku, Petromanabí y Cayman, las dos últimas vinculadas a los hermanos Isaías (expropietarios de Filanbanco), y domiciliadas en paraísos fiscales: Teikoku (Panamá), Cayman (Islas Caimán) y Petromanabí (Panamá), “empresas con las que está prohibido negociar contratos, según el decreto 1793 de junio del 2009”.
Respecto a la decisión de la Corte Nacional de Justicia de archivar el caso Palo Azul, el asambleísta Cléver Jiménez (PK) lamentó una decisión judicial que, según afirma, implica un perjuicio de US$5.000 millones para el país.
En el 2008 se inició un juicio penal por una supuesta adjudicación ilegal del campo Palo Azul a Petrobras basada en un informe de unificación geológica que presentó al campo como compartido con el bloque 18. Esto, según Villavicencio, benefició por casi nueve años, con cerca de 100 millones de barriles de petróleo a las compañías privadas.
