"No vamos a ser ni cómplices ni encubridores para permitir la enajenación de los recursos naturales, porque hemos luchado para recuperar nuestros recursos naturales todos los bolivianos", manifestó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

La Paz. El enfrentamiento entre miles de mineros cooperativistas y centenares de policías en la región altiplánica de Bolivia, que dejó dos trabajadores del subsuelo muertos y más de 80 heridos de ambos bandos, obligó al gobierno de Bolivia a suspender el tratamiento de la nueva Ley de Minería hasta lograr acuerdos.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, anunció este martes en conferencia de prensa realizada en la Vicepresidencia del Estado en la ciudad sede del gobierno boliviano, la decisión sobre dicha ley y convocó a los dirigentes de los cooperativistas a dialogar para concertar.

"No vamos a ser ni cómplices ni encubridores para permitir la enajenación de los recursos naturales, porque hemos luchado para recuperar nuestros recursos naturales todos los bolivianos. Esta es una decisión del gobierno de Evo Morales y el órgano Legislativo", manifestó.

El presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Alejandro Santos, respondió inmediatamente y pidió la reposición de los artículos 132 y 151 que fueron cambiados.

Manifestó que mientras tanto mantendrán sus medidas de presión con bloqueos de caminos de la parte occidental de Bolivia e incluso amenaza de paralizar la ciudad de La Paz (oeste).

"Quiero indicar que las cooperativas mineras no hemos pedido suspensión de la Ley de Minería, porque esta ley ha sido consensuada entre todos los actores mineros, y de manera oficial se ha ido entregando en manos del presidente Evo, y las instrucciones han sido bien claras a los presidentes de ambas cámaras, para que esta ley salga sin modificaciones", dijo.

Los cooperativistas insisten en que se apruebe sin cambios y los legisladores en que deben modificarse dos artículos porque van en contra de la Constitución.

El conflicto estalló como consecuencia de la aprobación en primera instancia en la Cámara de Diputados el sábado que cambió dos artículos de la propuesta legal de Minería y Metalurgia, del proyecto original entregado la pasada semana al presidente Evo Morales, referidos a contratos mixtos y la firma de acuerdos sectoriales que atentan con la Constitución Política del Estado.

Los cooperativistas mineros buscan que sus concesiones puedan ser objeto, a futuro, de nuevos contratos con empresas privadas, otras cooperativas o el propio Estado. El gobierno considera ese hecho atentatorio contra la Constitución porque se estaría entregando los recursos a manos extranjeras o privadas con grande beneficios con los que cuentan los cooperativistas.

Los mineros cooperativistas llegan a más de 120.000 trabajadores que se constituyen en los más numerosos respecto a los mineros estatales y privados. La mayor parte de producción y exportación de los minerales están en manos de los mineros cooperativistas que pagan apenas 1% de impuestos que son el pago por patentes, además de regalías hasta 6%.

Un cuadro estadístico de Fencomin revela el crecimiento anual de este sector. De tres cooperativas mineras fundadas durante el año 1959 hubo un salto cuantitativo en 1986, con la presencia de 76 cooperativas.

Actualmente, de acuerdo con Fencomin, existen 1.500 cooperativas mineras distribuidas en toda Bolivia y 120.000 cooperativistas en plena labor, que pagan por regalías anuales, alrededor de US$43 millones.