Ante todo este escenario, 47 compañías de la cadena del acero tomaron la decisión de crear Camacero, el gremio que pretende “garantizar la competitividad de las empresas”, pero, ante todo, “defender la cadena de valor del sector”.

El gremio del acero está viendo cómo el negocio del metal que por más de seis décadas les ha dado de qué vivir está perdiendo fuerza. 

Todo porque, según los productores colombiano, las dos multinacionales presentes en Colombia, Votoratim Brasil y Gerdau Diaco, le pidieron el pasado 7 de octubre al ministerio de Comercio una medida de 200 días de salvaguardia al acero importado porque resultaba más barato comprarlo en el exterior que hacerlo en Colombia, con lo que se pretendía mantener la solidez de estas compañías ante una inminente pérdida de valor.

La decisión provocó un alza del 15% en el precio al público, lo que generó un desbalance en la competitividad en los nacionales, quienes sintieron que el gobierno estaba beneficiando sólo a dos empresas.

“Con esta medida los artesanos, constructores, pymes, etc., tendrán que pagar alrededor del 16% más por los productos de alambre. Los agricultores, por ejemplo, que requieren de alambres de púas, alambres para siembra, tutoreo, etc., que han venido reclamando al gobierno insumos más baratos, ahora tendrán que pagar más”, dijo Mauricio Rondón, en representación de la compañía Proalco, durante una audiencia con el ministerio de Comercio.

Por eso 47 compañías de la cadena del acero, entre productores, comercializadores, importadores, transformadores, astilleros, trefiladores, ferreteros, metalmecánicos, transportadores, estructureros, puertos e incluso constructores, tomaron la decisión de crear Camacero, el gremio que pretende “garantizar la competitividad de las empresas”, pero, ante todo, “defender la cadena de valor del sector”.

“Nos unimos porque en algunos casos nos sentimos desprotegidos por las agremiaciones. No es rancho aparte; queremos tener las mejores relaciones con la Andi, Fedemetal y la CCI. El fin es el libre comercio. Eso es lo que defendemos. Lo que no hay que hacer es premiar a algunas empresas multinacionales para ir en contra de las empresas locales, como la Siderúrgica de Caldas, que es eficiente y da muy buenos resultados. Ojalá esas multinacionales también dieran eso, pero ahorita no están tan bien económicamente y por eso pidieron las medidas de protección”, detalló Édgar Plazas, presidente de Camacero.

La realidad es que no se trata de la primera alerta sobre el tema. Durante la audiencia con el gobierno, representantes internacionales advirtieron que se podrían estar violando convenios suscritos por Colombia ante la Organización Mundial del Comercio, así como tratados de libre tránsito con la Unión Europea y países latinoamericanos.

En la misma reunión se señaló que Colombia necesita unos dos millones de toneladas para su consumo, pero hay un déficit de 800.000 toneladas en la producción porque todo el conjunto de productores, entre las multinacionales y las locales, sólo llega hasta 1’200.000 toneladas. De ahí la necesidad de importar.

El ministro de Comercio, Santiago Rojas, dijo que esa fue “una medida temporal. A finales de febrero, en el comité triple A, que reúne a todos los viceministros de asuntos económicos, vamos a evaluar el impacto que tiene en toda la cadena para decidir si cumplió con su cometido, se extiende o se levanta. Vamos a mirar qué impacto tuvo sobre todo entre importadores y distribuidores”.