La propuesta de la presidenta argentina, de crear una Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a la cabeza de los servicios secretos a nivel nacional, no cuenta con la aprobación de la oposción, quienes afirman desde el principio que se trata de una "farsa", en el contexto de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Buenos Aires. El gobierno argentino se encamina a aprobar, en un solitario trámite exprés en el Congreso, la polémica reforma de los servicios de Inteligencia impulsada por Cristina Fernández tras responsabilizar a agentes secretos de una "operación de desestabilización" que llevó a la muerte del fiscal Alberto Nisman.

El proyecto llegará al recinto de la Cámara de Diputados el próximo miércoles, tras obtener la firma del despacho de mayoría en la reunión de comisiones realizada el pasado 18 de febrero.

El bloque oficialista de la Cámara Baja consiguió emitir dictamen en un plenario de comisiones del que participaron el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, y el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini.

Del plenario habían participado, con fuertes críticas al proyecto, diputados opositores de la Coalición Cívica, Compromiso Federal (peronismo disidente), Unidad Popular y el Frente de Trabajadores de Izquierda.

La reforma, presentada por Fernández en un discurso por cadena nacional como "una deuda de la democracia", prevé la creación de una Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a la cabeza de los servicios secretos a nivel nacional.

La creación de la AFI supondrá la disolución de la actual secretaría de Inteligencia (SI), aunque se nutrirá del mismo personal que actualmente la compone.

Uno de los principales puntos del proyecto, y uno de los más polémicos, es el traspaso del sistema de escuchas telefónicas a la órbita de la Fiscalía General, encabezada por Alejandra Gils Carbó, cuestionada por la oposición por su proximidad con la presidenta.

De todas formas, el debate del proyecto gubernamental avanzó en el Parlamento argentino pese a los continuos plantones de la oposición, que desde la presentación de la iniciativa resolvió no acudir para no ser parte de lo que considera una "farsa".

Los principales partidos de oposición al gobierno de Fernández estuvieron ausentes de los debates en el Congreso, tanto en el Senado como en las comisiones de Diputados previas al tratamiento del próximo miércoles.

Los pocos diputados opositores que asistieron a la reunión del pasado 18 de febrero sostuvieron que presentarán dictámenes de minoría, rechazaron la iniciativa oficial y criticaron el carácter exprés que adquirió el trámite en el Congreso.

En menos de un mes, el Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias para el tratamiento del proyecto, que ya fue aprobado en el Senado argentino y girado para el debate de los diputados.

El Senado dio media sanción a la reforma el pasado 11 de febrero solo con los votos del oficialismo y sus aliados, mientras que el peronismo disidente, presente en la votación, votó en contra de la iniciativa.

El resto de los partidos, que ven en el proyecto una maniobra para desviar la atención, asegura que el gobierno argentino "quiere tapar la verdad de la muerte del fiscal Nisman con esta ley de inteligencia" y cuestiona el "trámite exprés" para aprobarla.

Tras la muerte del fiscal Nisman, el gobierno decidió impulsar el proyecto de reforma y profundizar así los cambios sobre los servicios de Inteligencia iniciados a fines de 2014, cuando removió a la cúpula de la SI.

Nisman, quien murió el mes pasado en circunstancias que la Justicia aún mantiene como "dudosas", fue hallado con un tiro en la cabeza en el baño de su casa en vísperas de acudir al Congreso para detallar su denuncia contra Cristina Fernández por supuesto encubrimiento de los sospechosos iraníes de un atentado contra intereses judíos.

Para el gobierno argentino, la muerte del fiscal fue fruto de una operación de desestabilización agentes secretos desplazados de sus cargos en diciembre pasado.