Las denuncias de espionaje ya tuvieron eco en La Habana, el avispero político está más encendido que nunca y los comicios al Congreso están a la vuelta de la esquina. ¿Hasta dónde pueden llegar las agencias de inteligencia?
Lo que este martes fue considerado un cuartel militar de escuchas ilegales que operaba a sus anchas en el barrio Galerías de Bogotá, y que puso en entredicho a dos generales de la República, este miércoles quedó convertido en una fachada lícita para hacer inteligencia contra el terrorismo.
Un giro en el discurso del presidente Juan Manuel Santos que sorprendió a muchos, porque ya habían rodado cabezas, el Ejército quedó bajo sospecha y la denuncia de la revista Semana —de espionaje a los negociadores de paz en La Habana— cada vez cobraba más forma. Pero, súbitamente, el primer mandatario le bajó el tono al asunto, aseguró que partía de la base de que esa fachada de Galerías era una operación lícita y dejó todo en manos de la Fiscalía.
Santos, quien reivindicó las maniobras de inteligencia que tienen como fin luchar contra el terrorismo, la delincuencia y el crimen organizado, dijo que los oficiales a cargo de la fachada de Galerías reportaron que estaban operando bajo instrucciones y según la ley.
Además, manifestó que si el fiscal Eduardo Montealegre hubiera sabido que el local comercial Buggly Hacker era una central alterna de inteligencia militar, no hubiera ordenado ese allanamiento. Una afirmación que fue entendida como un espaldarazo a los militares sin que aún la Fiscalía pueda descartar las graves denuncias de Semana. Pero además, el mandatario puso el espejo retrovisor y en clara alusión al expresidente Álvaro Uribe, como sacudiéndose de la avalancha de críticas por el escándalo de las chuzadas, resaltó: “Nosotros somos un gobierno que defiende el Estado de derecho, no los estados de opinión”.
Está claro que en tiempos electorales los cálculos políticos incluyen pescar en río revuelto. Mientras una comisión del más alto nivel de la Fiscalía recauda evidencias, cita a interrogatorio a los protagonistas de estos hechos, aventura tesis de investigación para esclarecer lo ocurrido en la cuestionada sede militar y termina de desencriptar los 26 computadores que decomisó, en La Habana las reacciones se tomaron la agenda informativa. La guerrilla de las Farc volvió a hablar de la guerra sucia, el terrorismo de Estado, la mano tenebrosa del imperio, la Doctrina de Seguridad Nacional y la mermelada corruptora al referirse a este nuevo capítulo de espionaje, no sin antes echarle pullas al expresidente Uribe, acusarlo de promover este enredo y asegurar que es el enemigo número uno de la paz.
En la otra orilla, el ex mandatario arreció sus críticas contra el gobierno Santos, dijo que el presidente, al remover de sus cargos a los generales Mauricio Zúñiga y Jorge Andrés Zuluaga, le había dado otro golpe de desmotivación a la Fuerza Pública y sugirió que el jefe de Estado se contradijo en menos de 24 horas. En tiempos de polarización política y con los comicios del 9 de marzo a la vuelta de la esquina, un episodio tan grave como el que hoy se investiga da para interpretaciones de todos los calados, pero son las autoridades judiciales las que tienen que ponerle pronto nombres y apellidos a los responsables de lo ocurrido. Para el próximo martes 11 de febrero la Comisión de Inteligencia del Congreso citó a audiencia al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, a la cúpula de las Fuerzas Militares, al alto comisionado de Paz y al fiscal para exigir las primeras cuentas.
En este cruce de intereses lo que está en juego es la efectividad de la llamada Ley de Inteligencia, aprobada por la Corte Constitucional en julio de 2012, pero inexplicablemente apenas sancionada en abril de 2013. Al revisar dicha normatividad quedó claro para el alto tribunal que no se podía permitir más que las agencias de inteligencia operaran en las zonas grises que por décadas instauraron prácticas tan nocivas para la democracia como aquella de “usted no pregunta cómo conseguí la información y yo se la consigo”.
La Corte lo dijo muy claro: “se debe declarar sin ambages que ninguna persona pública ni privada, por plausible o encomiable que sea el objetivo perseguido, está autorizada para interceptar, escuchar, grabar, difundir, ni transcribir las comunicaciones privadas, a menos que exista previa orden judicial”.
En su sentencia la Corte explicó que los asuntos de inteligencia siempre implican la tensión entre dos derechos: de un lado la seguridad y la defensa de la Nación, y del otro, la intimidad, el buen nombre y los principios elementales de la privacidad humana. Armonizarlos en un país con una larga tradición de violaciones a los derechos humanos por parte de agencias estatales no resulta un desafío fácil. Sin embargo, esta ley lo que busca es imponer el derecho sobre la arbitrariedad. No de otra forma pueden ser libres la sociedad y sus instituciones. Un debate jurídico que poca trascendencia ha tenido en la opinión pública, pero que en esta coyuntura es de capital importancia.
En toda la discusión de la Corte sobre la Ley de Inteligencia hay cualquier cantidad de reflexiones que se ajustan al debate de hoy. Una de ellas es que “los servicios de inteligencia resultan hoy más decisivos que los propios ejércitos” porque parece haber consenso en que “la información ya no es considerada como un instrumento de poder, sino que es el poder por antonomasia según los teóricos de la modernidad”. Al mismo tiempo, se recuerda que los términos espía y espionaje provienen de una raíz indoeuropea que significa observar y que la palabra inteligencia también viene de allí y expresa recoger o recolectar. El fallo además retrata lo atrasado que está el país en materia de legislación de inteligencia.
Por ejemplo, normas parecidas se expidieron en Chile en 2004, en España en 2002, en Perú en 2006 y en el Reino Unido desde 1994. Y es probable que el Estado se hubiera demorado mucho tiempo más en regular este ejercicio de las agencias de inteligencia de no ser porque el escándalo de las chuzadas del DAS entre 2003 y 2009 evidenció todos los abusos y delitos perpetrados desde la policía secreta, que depende directamente de la Casa de Nariño, en contra de opositores políticos, magistrados, periodistas y defensores de derechos humanos. Por eso la Corte Constitucional advirtió que es inadmisible que episodios como ese puedan repetirse en Colombia. Y autorizó un polémico artículo que le permite al Estado la vigilancia del espacio electromagnético con la salvedad de que esta facultad no se traduzca en una vigilancia o espionaje individual.
Al margen de cálculos políticos o interpretaciones jurídicas, tan comunes desde que estalló el escándalo denunciado por Semana, las consecuencias de estas revelaciones en la mesa de diálogos de La Habana aún están por verse. Tan fuerte ha sido el disgusto que el presidente Santos ha tenido que interceder para que los ánimos se calmen, pues la molestia es generalizada, incluso en los hombres del Gobierno. El mandatario le ha pedido a Humberto de la Calle, jefe de la delegación, no pronunciarse sobre el tema, para evitar que las filas castrenses puedan resentirse.
Ya se anunció que el primero en entregar explicaciones será Juan Carlos Mejía, el representante legal de la compañía Buggly Hacker, y es bastante probable que en los próximos días sean citados por la Fiscalía los dos oficiales del Ejército relevados en la noche del martes. A este barullo informativo se sumaron ayer unas fotografías reveladas por Blu Radio, en donde aparecen imágenes de supuestos uniformados del Ejército en el segundo piso del local de Galerías en donde aparentemente se chuzaban líneas prohibidas e interceptaban chats y correos electrónicos de varios alfiles del gobierno Santos. Al mismo tiempo el comandante del Ejército, general Juan Pablo Rodríguez, salió en defensa de sus subalternos y dijo que los oficiales que estaban despachando desde esta central alterna lo hacían de manera legal.
Al mismo tiempo aseguró el alto oficial que el Ejército no será un obstáculo para la paz y que espera que muy pronto se puedan conocer los resultados de las investigaciones que adelantan la Fiscalía y la propia Inspección del Ejército. El presidente Juan Manuel Santos le dio plazo al inspector de esa institución para que a más tardar el viernes de la próxima semana le entregue resultados concretos al país de una investigación “que no debe ser difícil de realizar”, pues no puede suceder lo que aconteció con la investigación sobre los datos de las coordenadas de los helicópteros que alguien de las Fuerzas Militares le filtró al expresidente Álvaro Uribe. De hecho, por ese episodio nadie responde aún.
