La muerte de Nisman, que se produjo el domingo 18 de enero, ocupa desde entonces la primera plana de los diarios locales porque aún no está claro si fue un suicidio o un asesinato, en medio de una oscura trama que involucra a los servicios de inteligencia.
Buenos Aires. Un grupo de fiscales estará a cargo de llevar adelante la investigación sobre un atentado antisemita de hace 20 años en Argentina que hasta ahora desarrollaba el fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto en su casa tras acusar al gobierno de encubrir a los responsables del ataque.
La muerte de Nisman, que se produjo el domingo 18 de enero, ocupa desde entonces la primera plana de los diarios locales porque aún no está claro si fue un suicidio o un asesinato, en medio de una oscura trama que involucra a los servicios de inteligencia.
Tras reunirse con la jefa de los fiscales de Argentina, Alejandra Gils Carbó, un grupo de familiares de víctimas del atentato a la mutual AMIA de 1994 confirmó a periodistas que la investigación del hecho que llevaba a cabo Nisman seguirá en manos de un grupo de fiscales.
"Esto quizá sea un nuevo comienzo después de 21 años, y quizá este sea el último comienzo que nos lleve a un buen final, que nos lleve a saber quiénes son los responsables del atentado", señaló a periodistas Sergio Burstein, que representa a familiares de víctimas.
Muchos expertos reclamaban que la investigación del hecho no quedara en manos de un solo funcionario, ya que el caso implica presiones demasiado grandes.
Nisman había estado por más de una década a cargo de investigar el atentado a la AMIA, que terminó con la vida de 85 personas.
La justicia argentina responsabiliza a varios iraníes -cinco de ellos alcanzados por circulares rojas de Interpol- por el ataque contra la mutual de la comunidad judía argentina, pero Teherán niega toda vinculación con el caso.
La muerte de Nisman ocurrió apenas horas antes de una reunión con diputados en la que debía presentar los detalles de su denuncia de un supuesto plan secreto del gobierno argentino para desviar la investigación en función de restablecer las relaciones comerciales y políticas con Irán.
Funcionarios del gobierno y algunos expertos descalificaron la denuncia al considerar que no tiene elementos que prueben algún delito.
