El escaso número de sentencias pone de manifiesto la inacción de quienes persiguen y juzgan esos delitos, de acuerdo con analistas consultados.
Según estadísticas del Ministerio Público (MP), hay dos mil 190 denuncias en la Fiscalía de Delitos Administrativos y mil 139 en la Fiscalía contra la Corrupción; la mayoría contra funcionarios de la administración anterior y de la actual.
La Fiscalía contra la Corrupción logró en el 2012 solamente 12 condenas. El año pasado hubo otras 149.
El catálogo de delitos revela, según expertos en el tema, fuertes indicios de conducta irregular y poca honorabilidad de quienes ejercen la función pública.
El escaso número de sentencias pone de manifiesto la inacción de quienes persiguen y juzgan esos delitos, de acuerdo con analistas consultados.
Números. Las cifras dan cuenta de que 137 denuncias por peculado encabezan la lista en la Fiscalía, seguidas por 109 de fraude y 101 de malversación.
Gran parte de las investigaciones abiertas son por falsedad ideológica, falsedad material, hurto agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes o desobediencia, coacción, difamación o amenazas.
La fiscal contra la Corrupción, Aura Marina López, explicó que estos últimos delitos no son de “bagatela”. Muchos están inmersos en otros procesos de mayor impacto.
Con franqueza reconoció que el avance de los casos a su cargo se detienen muchas veces “por las influencias en los tribunales”.
Esa fiscalía aún arrastra casos del 2000 al 2005, los cuales, según aseguró López, este año serán resueltos.
En tanto, en la Fiscalía de Delitos Administrativos la lista la encabezan las 383 denuncias de abuso de autoridad, seguidas por las 219 de incumplimiento de deberes.
También hay denuncias por homicidio culposo, otro caso en el que confluyen la injuria, la difamación y violación a la intimidad sexual, así como una por maltrato contra menores de edad y una investigación por violación, robo y abuso de autoridad.
Los delitos son tan variados como la revelación del secreto profesional, sustituciones de niños, ocultar o destruir documentos hasta el de promover y facilitar la prostitución.
En la Fiscalía contra la Corrupción apenas hay 32 denuncias por defraudación tributaria y 19 por contrabando aduanero.
“¿Cuántas de estas denuncias de corrupción habrán sido interpuestas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Intendencia de Verificación Especial (IVE) u otras instancias gubernamentales?”, se pregunta Raquel Zelaya, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales.
La analista explicó que esa cifra daría un parámetro para determinar el interés de las mismas instituciones del Gobierno por transparentar la gestión.
Que haya tan pocas denuncias de delitos relacionados con la defraudación evidencia que la SAT busca recuperar lo perdido por la vía administrativa y no por la penal. ¿La razón? “Es más difícil demostrar frente a un tribunal la intención de querer defraudar”, opinó Ricardo Barrientos, ex viceministro de Finanzas.
Hay gran cantidad de delitos “bagatela”. Pero también de gran impacto que tienen trascendencia política y que no avanzan por la existencia de estructuras dentro de las fiscalías y el Organismo Judicial que se dedican a esa tarea, destacó Verónica Godoy, de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (Fades).
La marcha de los procesos también está relacionada con la cantidad de casos y el número de fiscales, así como su preparación, agregó.
Durante el proceso de selección del nuevo jefe del Ministerio Público se presentaron señalamientos contra la fiscal general, Claudia Paz y Paz. Curiosamente hubo un solo reparo en contra de la responsable directa, la fiscal contra la Corrupción, quien también compite por el puesto.
Quienes cuestionan la falta de efectividad “toman un hecho real y se lo endosan a la cabeza de la institución, y de alguna forma ponen a salvo a la fiscal contra la Corrupción. Aunque no haya sabido librar sus batallas”, resume Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Projusticia.
Sin embargo reconoció que el lento avance de la persecución penal es, en algunos casos, de índole institucional y, en otros, definitivamente política.
Funcionarios actuales. Estas son las mismas fiscalías que conocen, por ejemplo, los casos de las estafas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) cuando, en el 2003, autorizó la creación del Fideicomiso de Protección de Desarrollo Social (Fiprodeso), por Q350 millones, para proyectos habitacionales para los jubilados.
Por este caso fueron sentenciados Carlos Wholers, expresidente de la Junta Directiva, y César Sandoval, exgerente de la institución, quien cuando se entregó señaló a Gustavo Herrera, uno de los operadores del proceso de comisiones de postulación a fiscal general y magistrados.
No obstante, el proceso ha sido detenido en varias ocasiones.
Según la Fiscalía, aún hay tres investigaciones abiertas en contra de Herrera. Fuentes allegadas confirmaron que el IGSS pidió en varias oportunidades el cierre de los procesos.
También existen cuatro solicitudes de antejuicio en contra del ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.
La Fiscalía contra la Corrupción continúa las pesquisas por el pago de la deuda flotante y de obras que podrían haber sido pagadas en forma ilegal. El MP solicitó apoyo a la Contraloría General de Cuentas, pero por respuesta recibió que se carecía de fondos para contratar más auditores, pese a que existe un convenio firmado con el Ministerio de Finanzas, para ese fin.
Los procesos enderezados en contra de la vicepresidenta Roxana Baldetti han sido declarados sin lugar por la Corte.
Esos son los casos de los que deberá hacerse cargo el nuevo fiscal general, en una disputa por el puesto en la que el fin es el poder, la hegemonía y la protección, coinciden los entrevistados.
Denuncias carecen de fundamento. De las supuestas 104 denuncias de corrupción que exigió para su investigación el 29 de mayo del 2013 la vicepresidenta Roxana Baldetti, en la Fiscalía contra la Corrupción, hay solo siete presentadas por la Secretaría Presidencial de Transparencia (Sepret) y la Comisión Presidencial de Transparencia (Copret) del 2012 al 2013.
Un seguimiento que Prensa Libre hizo a las denuncias refleja que ambas instituciones registran 23 denuncias en esa Fiscalía.
Del total solo siete aparecen que están en investigación, tres fueron desestimadas y 13 fueron trasladadas a otras fiscalías por los tipos de delitos.
La denuncia más avanzada es la presentada contra la diputada del partido Libertad Democrática Renovada (Líder), Julia Maldonado, sindicada de incumplimiento de deberes y peculado. Supuestamente por desviar Q3.9 millones que la Unión Europea entregó para el fortalecimiento de programas educativos sobre democracia, cuando fue directora del Consejo Nacional de la Juventud, cuya audiencia de apertura a juicio está prevista para hoy.
De acuerdo con el ente investigador, la mayoría de denuncias no tienen sustento y ello hace difícil realizar las pesquisas.
Se indicó que se ha solicitado a la Copret que amplíe la información de las denuncias y presente más indicios para poder realizar la investigación.
Se intentó obtener la posición de Verónica Taracena, quien dirige la Copret, por medio de correo electrónico, pero al cierre de la edición aún no se había recibido respuesta alguna.
Delitos de cuello blanco. Varios penalistas consultados coincidieron en que los delitos se enmarcan en lo que hace 75 años Edwin Sutherland, considerado uno de los padres de la criminología moderna, denominó ante la American Economic Society como “delitos de cuello blanco”.
Sutherland definía estos ilícitos a todos aquellos que involucraban la manipulación de informes financieros, las falsas declaraciones de inventarios, los sobornos, la corrupción de funcionarios —directa o indirecta— con el fin de conseguir leyes y contratos favorables. También los desfalcos y la malversación de fondos, los fraudes fiscales y la desviación de recursos.
Si los casos no llegan a sentencia es porque el sistema acusatorio actual considera criterios de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal, sin tener que llegar a una sentencia. En otros casos pasa por un segundo filtro: la clausura provisional del procedimiento.
Los delitos administrativos son ilícitos comunes cometidos por funcionarios que terminan siendo desvanecidos, explicó Romeo Monterrosa, catedrático de Derecho Penal.
Muchas veces, las auditorías de la Contraloría General de Cuentas en casos de corrupción no tienen sustento, agregó el penalista.
Denuncias
Fiscalía Contra La Corrupción
Entre otros delitos, los funcionarios son investigados por enriquecimiento ilícito, concusión y casos especiales de estafa.
- 137 por peculado
- 69 por apropiación y retención indebida
- 109 por fraude
- 101 por malversación
- 53 por malversación y fraude
Fiscalía de Delitos Administrativos
- 383 por abuso de autoridad
- 219 por incumplimiento de deberes
- 81 por hurto agravado
- 76 por abuso de autoridad
- 41 por falsedad material
