Pormenores de los informes de la Fiscalía sobre el ingreso de menores a las Farc. Con software amenazaban a quienes se fugaban de la guerrilla.
Bogotá. Mientras en las negociaciones de paz en La Habana se llegó a un acuerdo para sacar a los menores de edad de la guerra, sigue la discusión de si es verdad que en estos momentos hay 21 menores de 15 años en las filas –como dijeron las Farc– o más de 170 –según el Ministerio de Defensa–. El Espectador conoció particularidades de los informes de reclutamiento ilícito que hizo la Fiscalía y que serán entregados al Tribunal de Justicia Transicional en caso de que se firme el acuerdo. Más allá de los 11.556 casos registrados de menores que fueron obligados a engrosar las filas guerrilleras, los investigadores de la Dirección de Análisis y Contexto (Dinac) encontraron que fue una política interna de las Farc que llevó a crear escuelas de entrenamiento, cartillas para formar clubes infantiles de niños desde los 5 años y una base de datos en la que llevaban en detalle las hojas de vida de sus combatientes.
La Fiscalía y las autoridades descubrieron una mina de oro en septiembre de 2013 cuando se dio luz verde a la Operación Sodoma, que terminó con la muerte del comandante guerrillero Jorge Briceño Suárez, alias Mono Jojoy. En tierra los uniformados registraron su campamento cerca del municipio de Uribe (Meta) y encontraron el computador en el que han hallado un millar de datos para develar la historia de las Frac y 50 años de conflicto. Uno de los hallazgos más importantes, y hasta hoy desconocido, era la base de datos en la que se guardaban las hojas de vida de todos los guerrilleros. Tan solo del bloque Oriental había 10.102 registros.
Al analizar la información encontraron que la base de datos se había creado con el objetivo de controlar quiénes ingresaban a sus filas, especialmente las niñas, niños y jóvenes reclutados. Se elaboró el Manual de Computación para facilitar el uso de las herramientas digitales y sistematizar todo el registro físico que existía. El objetivo, según la Fiscalía, era ejercer un control de los menores para evitar que se fugaran. Tenían todos los datos personales: nombres de los padres, hermanos, lugar de residencia, fecha y lugar nacimiento, fecha y lugar de ingreso a la guerrilla, familiares en la guerrilla, frente en el que combatían y los cursos de entrenamiento que tenían.
En ese software también tenían la historia clínica de los combatientes, al punto que sabían si una guerrillera había abortado o le habían hecho un legrado. Las hojas de vida de los guerrilleros se actualizaban si morían o si se desmovilizaba. La Fiscalía tiene la hipótesis de que con esta base de datos lograban ubicar a quienes abandonaban las filas y si no lograban que retornaran, amenazaban a sus familiares o, en algunos casos, los asesinaban.
En el Manual de Computación había un capítulo llamado “Sobre los códigos en las hojas de vida”, en el que se explicaba la forma en que se sistematizarían los datos para lograr identificar de qué bloque era cada guerrillero de las Farc. Se utilizarían seis dígitos y a cada una de las nueve estructuras se le asignaron cien mil números. La forma en que se repartieron fue de la siguiente manera: al bloque Caribe le correspondían los registros de 100.000 hasta 199.000; al bloque José María Córdoba desde el 200.000; al Magdalena Medio a partir de 300.000; al Comando Conjunto Central desde 400.000; los del Comando Conjunto Occidental comenzaban 500.000; al bloque Oriental desde el 600.000 –de este se tiene registro que llegó a tener 10.102 hojas de vida–; al bloque Sur a partir de 700.000; la columna móviles tendrían los registros a partir de 800.000; y finalmente las reservas sería identificadas desde el 900.000 en adelante.
En medio de esas hojas de vida se encontró la de alias Jazmín –quien no se sabe si sigue activa o se desmovilizó– y evidenciaron una situación que la Fiscalía aún no había investigado: las Clubes Infantiles Bolivarianos. En los registros de la guerrillera se estableció que ingresó en 1983 a las filas guerrilleras, a los 8 años, y que hasta los 9 años fue “pionero”. En los años 90 terminó en las filas del bloque oriental –su código en el software lo delta porque comienza por 6– en el departamento de Arauca. La Fiscalía comenzó a preguntarse qué eran los “pioneros” y descubrió que en un operativo realizado por el Ejército el 10 septiembre de 2001 se logró la recuperación de dos menores –uno de 3 años y otro de 7– que dijeron ser parte de las escuelas de niños de las Farc.
Al volver a analizar los computadores encontraron una serie de documentos en los que se documentaba la forma en que se adelantaron las políticas de reclutamiento en las Farc. La primera fue en la Tercera Conferencia en la que se ordenó a los frentes crear comisiones de reclutamiento para cooptar hombres y mujeres entre los 15 y 30 años. Luego el pleno del Estado Mayor, en su segunda reunión, optó por utilizar a niños de 10 años en adelante para que ejercieran “tareas propias de su edad porque “un muchacho educado en la escuela de las luchas armadas revolucionarias es casi seguramente un buen guerrillero”.
Luego vino una reunión del Estado Mayor Central en noviembre de 1997 en la que se crearon los bloques móviles y se decidió reemplazar a los muertos heridos con jóvenes reclutados y entrenados, según las pesquisas de la Fiscalía. Otros documentos en los que se establecen políticas de reclutamiento fueron los de la Sétima Conferencia en 1982, los Estatutos del Partido Comunista Colombiano Clandestino y los Estatutos de las Milicias Bolivarianas.
Pero fue en el computador del Mono Jojoy en el que encontraron las claves para entender el nacimiento de los Clubes Infantiles Bolivarianos. Una de las cartillas encontradas fue la “Guía para el trabajo de los Clubes infantiles Bolivarianos”. En el documento, elaborado en febrero de 2001 y en el que se establece que la estrategia va dirigida a niños desde los 5 años hasta los 12, se lee que el primer artículo es: “El objetivo de los Clubes Infantiles Bolivarianos es ayudar a la educación, orientación y formación de la infancia, comenzando por el buen comportamiento en el hogar, la escuela, en la calle y despertar su creatividad hacia el bien común, para que desde temprana edad sean luchadores por los cambios sociales y convirtiéndose en un revolucionario (…) Los clubes se orientan sobre los principios de la solidaridad, el compañerismo, la fraternidad, el respeto por los demás, siempre y cuando la igualdad social criticando todos los actos de injusticia”.
En la cartilla también se estipula que “para este proceso hay que tener en cuenta que cada niño nació y creció en medios diferentes. Unos influenciados por los medios de comunicación y otros por las actitudes de sus familiares, vecinos, etc. Debemos utilizar una pedagogía adecuada en la que el padre entre a jugar un papel decisorio en la orientación del niño”. Finalmente, quedó definido que los clubes serían conformados en las veredas, caseríos, centros de estudios y residencias cercanas a las zonas donde las Farc tuvieran injerencia.
En su poder la Fiscalía tiene un robusto informe sobre las Escuelas de Entrenamiento y Formación que crearon las Farc a lo largo del país. Se documentó que los menores reclutados eran enviados a estos centros para recibir instrucción militar y clases de política durante dos meses, y en algunos casos, hasta más de un año. Según el centenar de testimonios en poder de los investigadores de la Dinac, diariamente los ponían a marchar y formar, a actuar en situaciones de hostigamiento y les enseñaban a manejar explosivos. Además, para simular el armamento, los menores utilizaban palos de madera. La Fiscalía señaló que algunos de los campamentos estaban ubicados en serranías y cerca de asentamientos indígenas.
Tras analizar cómo se desarrollo esta estrategia en el bloque Caribe, basándose en 51 testimonios de niños víctimas, la Fiscalía registró que en el norte del país funcionaron 46 campamentos y bases especializadas, que estaban repartidos en los cinco departamentos. La mayoría de ellos ubicados en zonas montañosas como la Serranía del Perijá, la Sierra Nevada de Santa Marta y los Montes de María. Sin embargo, el principal hallazgo fue que las Farc montaron cuatro bases de entrenamientos especiales en Venezuela.
La primera ubicada sobre la frontera en la vereda Sabana Rubia, la segunda en el sector de Carrasquero, al norte del vecino país; la tercera en el Caño de la Ahuyama y por último una en Zulia, que fue identificada como la Escuela Efraín Guzmán. La información fue entregada por menores que salieron de las filas de las Farc. Uno de ellos le dijo a las autoridades: “reunieron como 30 personas reclutadas y como 130 guerrilleros. De ahí nos llevaron para Venezuela, por ahí estaba la frontera pasando por Sabana Rubia. Ahí llegamos al Caño de la Ahuyama en Venezuela. Duramos como tres meses y medio e hicimos el curso de entrenamiento”.
Otra víctima precisó que a él le tocó junto a 62 personas, entre ellas 37 menores, que lo llevaron hasta una base conocida como el campamento Ahuyama en Venezuela. Agregó que les dieron clases de política que les enseñaron a utilizar explosivos y a disparar, y que luego de cuatro meses lo enviaron a combatir a la vereda Loma Seca, en el municipio de Codazzi (Cesar).
Uno de los testimonios que más le llamó la atención a la Fiscalía fue el menor que indicó que entre 2005 y 2007 estuvo en el frente 59 de las Farc que operaba en La Guajira y que en un momento lo enviaron a Venezuela a un campamento que se conocía como Escuela Efraín Guzmán, ubicado cerca al río Limón. “El comandante de la escuela era “Lucas”, también allí permanecía “Marcos Calarca”, quien era el encargado de dar instrucciones de organización de masas. “Lucas” se encargaba de dar instrucciones de cartografía. En esa escuela duré un año y seis meses en curso. Ya en el 2008 me echaron para el frente 59”.
En el Magdalena Medio, según la información de la Fiscalía, existía una escuela que acompañaba constantemente a las columnas móviles que controlaban el sur de Bolívar, parte de Norte Santander y Antioquia. La escuela se llamaba Romaña y, según las declaraciones, se movía junto al grupo que protegía a Pastor Alape. Asimismo, las autoridades documentaron que en el Catatumbo, en el municipio Río de Oro, en plena frontera con Venezuela, quedaba un campamento en el que daban cursos de enfermería.
Del bloque Magdalena Medio, la Fiscalía registró que 78 niños recibieron instrucción militar, siete hicieron cursos de fuerzas especiales, seis tuvieron capacitación en explosivos y dos fueron enviados a Venezuela. Uno de estos menores le dijo a la Fiscalía que al llegar al vecino país fueron recibidos por alias “Gloria” y que había alrededor de 150 personas. “Ahí nos dieron cursos de armas, bombardeo, hostigamiento de tropas, charlas relacionadas con la estructura de las Farc, donde nos comentaban sobre el “Mono Jojoy”, Raúl Reyes” y otros comandantes”, declaró en 2015.
