Según un informe de la Defensoría, Perú registró en junio y julio 162 conflictos en el contexto de la epidemia del COVID-19, la mayoría relacionados con la salud pública y traslado humanitario, incluyendo 16 vinculados a la minería
Lima. Enojados pobladores de los Andes y la Amazonía en Perú atacaron o invadieron en la última semana a tres empresas del sector minero y petrolero, dos de las cuales frenaron sus operaciones tras enfrentamientos que dejaron muertos y heridos.
La razón: demanda de ayuda económica y atención sanitaria para soportar el rebrote del coronavirus en un país con una histórica ausencia del Estado en zonas remotas y pobres, el mayor caldo de cultivo para los conflictos sociales.
"Lo que ha hecho la pandemia es correr el velo de una realidad que muestra un Estado ineficiente, desarticulado y un tejido social que esta cubriendo ese vacío", dijo este lunes el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, a la radio local RPP.
Según un informe de la Defensoría publicado el domingo en su página web, Perú registró en junio y julio 162 conflictos en el contexto de la epidemia del COVID-19, la mayoría relacionados con la salud pública y traslado humanitario, incluyendo 16 vinculados a la minería, motor de la economía del país.
Entre marzo, abril y finales de mayo la Defensoria del Pueblo había detectado 326 protestas sociales en dos reportes previos sobre demandas relacionadas al coronavirus.
El domingo, tres indígenas del Amazonas de Perú murieron y 17 personas entre residentes y policías resultaron heridas luego de un choque con las fuerzas de seguridad por un conflicto con la petrolera canadiense PetroTal Corp.
La organización local de derechos de los indígenas ORPIO dijo en un comunicado que en el enfrentamiento, la policía uso "armas de fuego". Una comisión gubernamental buscaba este martes una reunión con los involucrados para solucionar el conflicto.
"La empresa petrolera está produciendo miles y miles de soles al día, sin embargo, las comunidades están sumergidas en la pobreza. En esta pandemia, que aun no cesa, se ha visto el abandono total", afirmó el presidente de ORPIO, Jorge Pérez, en un video difundido en Twitter por la red de noticias Ojo Público.
PetroTal refirió en un comunicado que los actos de violencia en "el intento de toma" de sus instalaciones fueron realizados por el mismo grupo de pobladores que a inicios de agosto invadió una estación del oleoducto de la estatal Petroperu.
El informe de la Defensoría del Pueblo no incluyó datos de agosto, cuando las protestas por la pandemia van en aumento al igual que los contagios de coronavirus en Perú con un promedio diario de 7.000 nuevas infecciones desde inicios del mes.
Crisis social. El número total de infectados con el coronavirus en Perú ascendió el lunes a 483.133, que coloca al país como el tercer con más contagios en América latina, después de Brasil y México.
En tanto los muertos, con un promedio diario de 200 en las últimas semanas, sumaron 21.276 víctimas del virus en el país.
"Estamos en una situación extremadamente crítica", dijo Gutiérrez. "Son indicadores alarmantes", manifestó.
Una de las protestas, contra la mina de cobre Antapaccay, propiedad de Glencore, fue resuelto el sábado tras un acuerdo con la localidad andina de Espinar, por la cual cada residente recibirá una tarjeta de compras de 285 dólares, según autoridades del Gobierno que promovieron el diálogo.
El acuerdo implica un desembolso de la empresa de US$12,5 millones, en el marco de un anterior convenio para la reactivar la economía de la zona, dijo el Gobierno.
La tarjeta servirá para comprar "alimentos de primera necesidad, medicina, abrigos, equipos de protección personal, el pago de educación y otros servicios básicos", dijo la presidencia del Consejo de Ministros en un comunicado.
Además, la minera Antapaccay se comprometió a financiar una planta de oxígeno medicinal para hacer frente al impacto del coronavirus en la provincia de Espinar, agregó el consejo.
El oxígeno medicinal, clave para el tratamiento de pacientes COVID-19 que sufren de insuficiencia respiratoria, ha sido declarado por el Gobierno como producto de "interés nacional" debido a su escasez, alta demanda y alto precio en el mercado.
Las protestas sociales han sido por años responsables en Perú de freno de grandes proyectos, principalmente del sector minero clave para la economía que según proyecciones del banco central caería este año un 12%, su peor registro en un siglo, debido a una larga cuarentena en la lucha contra la pandemia.
Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre.
El rebrote de los conflictos se produce mientras el Gobierno del presidente Martín Vizcarra busca salir de una crisis política, con la designación de un nuevo jefe de gabinete de ministros -la segunda en tres semanas- en medio de una pugna con un fragmentado Congreso dominado por la oposición.
