Los asesinatos de Iguala alteraron la dinámica política del país y cambiaron la suerte del gobierno de manera definitiva. La pregunta crucial es qué implica eso. A juzgar por el discurso y comunicaciones del presidente y su equipo, hay un cierto número de personas insidiosas que son culpables de haber conspirado contra el gobierno y conscientemente provocado la crisis actual. Con este diagnóstico, en lugar de abocarse a resolver la situación, el gobierno se ha dedicado a identificar conspiradores y culpables, destruyendo, paso a paso, su propia capacidad de salir adelante.
Más allá de algunos actores expresa (y públicamente) dedicados a socavar la estabilidad del país y remover al gobierno, como podrían ser diversos grupos guerrilleros, es difícil creer que empresarios establecidos, políticos profesionales, otros países o instituciones diversas tendrían el menor interés, por no hablar de la capacidad, de enfrentarse al gobierno. Además de que todos estos actores viven de la estabilidad del país y sólo pueden desenvolverse y prosperar en ese contexto, la pregunta fundamental es ¿qué gana el gobierno buscando culpables?
Si algo ha sido evidente a lo largo de estos larguísimos meses es que el único gran perdedor de su falta de acción ha sido el propio gobierno. Peor aún, la búsqueda de culpables ha llevado a agudizar la crisis, evidenciar las carencias e incapacidades del gobierno y envalentonar a sus enemigos. En este sentido, más allá de si hay o no conspiradores, es imposible no arribar a la conclusión de que la culpa del momento actual, comenzando por la situación en que se encuentra el gobierno, yace en el error inicial de haber leído mal la sucesión de eventos desde el Poli hasta Ayotzinapa. Fue ese error el que llevó a la pérdida de credibilidad del gobierno, mismo que todavía no logra reconocer la situación en que se encuentra. Hace unos días, Salvador Camarena retrotraía una cita del general Obregón que explica más que todas las conspiraciones que pasan por la mente de nuestros dilectos funcionarios: “el primer error es el que cuenta: lo demás son consecuencias”.
El problema de los enfoques conspirativos –el primer error- es que se pierden en su laberinto. En lugar de avanzar el proyecto gubernamental, éste acaba paralizado en el “quién me hizo esto”, haciendo imposible resolver la situación. La pregunta que el gobierno debería estarse haciendo es “¿qué hicimos mal?”, pues esa manera de enfocar el problema conlleva respuestas concretas y la posibilidad de resolverlo. En la medida en que el gobierno persista en su búsqueda de “los malos” y en la necedad de seguir haciendo lo que ya probó que no funciona, su situación, y con ello inexorablemente la del país, seguirá el inevitable curso de sistemático deterioro.
En un discurso días antes de su asesinato, Robert Kennedy expuso una idea que parece pensada para México hoy: “algunos buscan chivos expiatorios, otros conspiraciones, pero una cosa es clara: la violencia produce violencia, la represión genera represalias y sólo una limpieza del conjunto del cuerpo social podrá remover esta enfermedad de nuestra alma”. Ese es el verdadero tema de México: la urgencia de construir una nueva plataforma para su desarrollo, algo que no depende de más reformas legales, más controles, cambios presupuestales o chivos expiatorios, sino de una visión transformativa apropiada al siglo XXI.
El país padece toda clase de males, pero el principal es la ausencia de un sentido de dirección y un gobierno diestro y comprometido para encabezarlo. Esa ausencia, que es reflejo de un sistema de gobierno enclenque y poco profesional, crea un entorno de “río revuelto” en el que prosperan y lucran los intereses y grupos más extremistas, se envalentonan los revoltosos de cualquier color y se inhibe la inversión y, por lo tanto la generación de riqueza y empleos. Todo ello mina los proyectos gubernamentales y pospone, si no es que nulifica, el potencial de crecimiento económico.
Así, un gobierno que apostó a que su mera presencia transformaría al país se está encontrando con que todo el sistema tiene pies de barro. Esta realidad arroja dos posibilidades: una, comenzar a corregir los problemas que padece el país y que ahora han tenido el efecto de paralizar al gobierno; o, la otra, seguir buscando culpables, lo que llevaría a escenarios crecientemente más peligrosos y riesgosos para la estabilidad y viabilidad del país en su conjunto.
Evidentemente es imposible resolver problemas ancestrales que este gobierno, y todos los anteriores, heredaron de nuestra historia. Lo que sí es posible es cambiar la tónica, encabezar procesos transformativos y probarle a la ciudadanía que existe un futuro no sólo promisorio sino enteramente posible. El problema para el gobierno es que un enfoque de esta naturaleza implicaría un cambio radical de su proyecto inicial.
El gobierno tomó al país por sorpresa con su iniciativa de reformas y la capacidad para procesarlas en el entorno legislativo. Lo que no hizo fue reconocer que estamos en el siglo XXI, en el contexto de la globalización y en medio de una inmensa crisis de seguridad. Solo adoptando las reglas inherentes a la era de la globalización podrá el gobierno comenzar a cambiar el curso del país y, al mismo tiempo, dejar un legado duradero. La única forma en que el gobierno podrá romper el círculo vicioso en que se encuentra reside en convertirse en el paladín del Estado de derecho, prácticamente lo opuesto que animó su proyecto al inicio.
