Cuando se trata de analizar el derribo del vuelo de Malasya Airlines, hay cuando menos dos cosas que los Estados Unidos, Ucrania y Rusia tienen en común. La primera es que Estados Unidos y Ucrania son aliados confrontados con Rusia en la guerra civil que se libra en el oriente ucraniano. La segunda es que los tres Estados (en el caso de Rusia, durante la era soviética), derribaron aviones de pasajeros en el pasado, y ninguno de ellos mostró una conducta digna de encomio tras el derribo. De allí la necesidad de garantizar la independencia de la investigación que buscará esclarecer los hechos.
Sea cual fuese el resultado de esa investigación, los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN siguen aprobando nuevas sanciones contra Rusia por su conducta en Ucrania. Y de no mediar un cambio dramático en la conducta exterior del Estado ruso, el derribo de un avión de pasajeros podría augurar nuevas rondas de sanciones. La pregunta de fondo es en qué medida esas sanciones podrían afectar la principal fuente de divisas e ingresos tributarios de Rusia (es decir, sus exportaciones de gas y petróleo).
El caso de las sanciones contra la industria energética de Irán provee un posible paralelo. Durante años esas sanciones fueron limitadas, por temor al efecto que pudieran tener sobre el precio internacional del petróleo. Pero debido a la extracción de petróleo de esquisto, en años recientes la producción de los Estados Unidos se incrementó en 3,5 millones de barriles por día. Es decir, una cantidad equivalente a la producción total de Irán, y superior a sus exportaciones diarias (de unos 2,5 millones de barriles). Eso contribuyó a reducir el costo que la aplicación de sanciones contra la industria energética iraní podía implicar para la economía mundial.
Pero esa experiencia no es replicable en el caso de Rusia, porque ese país produce unos 10 millones de barriles de petróleo por día, y exporta más de 7 millones. Además tanto sus reservas como su producción de gas natural superan el 20% del total mundial. Es decir, no hay forma de aplicar sanciones substantivas contra la industria energética rusa sin que estas se conviertan en un bumerán para las potencias occidentales y en particular, para la Unión Europea (que obtiene de Rusia la mayor parte del gas que importa).
Sin embargo la crisis en Ucrania recuerda a buena parte de la Unión Europea por qué redunda en su propio interés reducir su dependencia energética de Rusia. Y aunque eso sea imposible en el corto plazo, existen alternativas a futuro. Una de ellas (la construcción de nuevos gasoductos), pone de relieve el desencuentro entre la lógica económica y la lógica geopolítica, dado que el curso de acción más eficiente sería ampliar los gasoductos que van desde Rusia hacia a Europa occidental, pasando por Ucrania. Consciente de los problemas políticos que podrían surgir en países de tránsito como Ucrania, fue la propia Rusia la que propuso alternativas como los proyectos de gasoductos Nord Stream (a través del Mar Báltico), y South Stream (a través del Mar Negro). Aunque sensiblemente más caros, esos gasoductos ofrecerían la ventaja política de evitar países de tránsito como Bielorrusia y Ucrania.
Pero el hecho de que la Unión Europea cuente ahora con un gobierno aliado en Ucrania comienza a cambiar los cálculos. De un lado, para países como Alemania es más importante cambiar al país proveedor (Rusia), que al principal país de tránsito (Ucrania). Por esa razón se crearon dos proyectos adicionales de gasoductos, concebidos con criterios políticos antes que económicos. El primero era el proyecto Nabuco, que buscaría abastecer a Europa occidental con gas proveniente de Azerbaiyán, Asia Central, e incluso el norte de Irak.
Por razones que ameritarían otro artículo, hasta ahora el mayor obstáculo para el proyecto Nabuco había sido el que sería su principal país de tránsito: Turquía. Pero aquí es donde contar con un gobierno aliado Ucrania modifica nuevamente los cálculos: ahora la Unión Europea puede amenazar de manera creíble a Turquía con rodear su territorio a través de un segundo proyecto (White Stream), que llevaría el gas desde países ribereños del Mar Caspio hacia Europa Occidental, a través de territorio ucraniano. En su diseño inicial el proyecto White Stream atravesaba la península de Crimea, por lo que su anexión por parte de Rusia complica los cálculos. Pero sigue siendo cierto que al tener una alternativa verosímil la Unión Europea cambió los incentivos que encara Turquía, lo que permitiría retomar el proyecto Nabuco.
El punto no es pues que la Unión Europea carezca de alternativas. Es más bien que, sea cual fuere la opción que elija (V., energías renovables, importación de gas de esquisto desde los Estados Unidos, energía nuclear, la construcción de nuevos gasoductos, o una combinación), tomará aún varios años antes de que esas alternativas permitan sustituir a Rusia como fuente privilegiada de la energía que requiere su economía.
