Los procesos legales de petición abortiva, entre abril de 2007 y abril pasado, suman casi 158 mil .

Excelsior. Un 28% de las mujeres que solicitan acceder a un aborto legal en la capital de México, habitan en otros estados. Ello se debe a que el Distrito Federal (DF) es la única entidad del país donde no se criminaliza el aborto voluntario, por lo que se ha convertido en un reducto para todas las mujeres que toman esta decisión, señalan expertos.

Para Oriana López Uribe, coordinadora del Fondo de Aborto para la Justicia Social MARIA (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento), la capital se ha convertido en el destino de miles de mujeres que desean someterse a un aborto sin necesidad de recurrir a prácticas clandestinas o ser juzgadas penalmente.

De acuerdo con datos de la Sedesa, entre abril de 2007 y abril de 2016 se ha atendido a 157.984 mujeres que solicitaron la interrupción de su embarazo, de las cuales 38.926 provenían del Estado de México, que representan 24,63% de las mujeres atendidas.

Con frecuencia, a los hospitales del gobierno capitalino también acuden para realizarse abortos mujeres provenientes de Puebla, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Michoacán, Jalisco y Veracruz, o de entidades aún más lejanas, como Sonora, Baja California Sur o Quintana Roo.

Incluso, y aunque la Sedesa no especificó el país de procedencia, hubo 55 casos de mujeres del extranjero que visitaron la capital para practicarse un aborto.

En la Ciudad de México, la ILE es a libre demanda de la mujer hasta las 12 semanas de gestación, en tanto que a nivel nacional se penaliza, a menos que se acredite que el embarazo es resultado de una violación, que el aborto ocurrió de forma accidental o el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer.

Activistas señalan que existen casos que dan cuenta de los obstáculos que  autoridades de otras entidades generan para evitar la práctica de un embarazo cuando las mujeres argumentan estas causas legales.

Además de otorgar financiero, emocional y logístico a mujeres que no cuentan con recursos para acceder a los servicios de aborto legal en la capital, organizaciones como el fondo MARIA han tenido que defender a las solicitantes de las autoridades de sus estados.

"Tiene que entender que las mujeres que vienen a interrumpir su embarazo lo hacen en un esquema completamente legal, independientemente de que eso fuera un delito en su estado, aquí no lo es".

"Existen casos de mujeres que denunciaron una violación y no sentían que les resolvían en sus estados; vinieron aquí, se hicieron un aborto y al regresar, cuando continúan con la investigación y ven que no están embarazadas, las detienen un rato en lo que averiguan cómo funcionan en la ciudad”, relató.

La especialista señaló que otras de las barreras que deben sortear las mujeres del interior de la República antes de llegar a un hospital capitalino son la falta de información, los recursos económicos, la distancia, estigmas sociales y el rechazo familiar.

Si bien reconoce que los servicios de salud locales no pueden subsanar las necesidades de todas las mujeres del país, López Uribe se muestra convencida de que actualmente dependen de la legalidad que hay en torno al aborto en la capital para tener acceso a un procedimiento de interrupción del embarazo en un entorno digno.