Organizaciones como AI acusaron a individuos próximos al partido nacionalista hindú BJP, del primer ministro Narandra Modi de realizar discursos de odio, al tiempo que subrayaron la falta de respuesta de la Policía.
Este martes Amnistía Internacional (AI) anunció la suspensión de todo su trabajo en el país asiático: "La completa congelación de las cuentas bancarias de Amnistía Internacional India por el Gobierno de la India, algo conocido el 10 de septiembre, ha detenido por completo todo el trabajo que está realizando la organización", denunció AI en un comunicado.
Así, ante esta situación "de incesante caza de brujas por acusaciones infundadas contra las organizaciones pro derechos humanos", Amnistía Internacional "se ha visto obligada a despedir a su personal en la India y detener todo su trabajo de investigación y las campañas en curso", añadió.
"Continua presión"
El director ejecutivo de Amnistía Internacional India, Avinash Kumar, insistió en el comunicado en que "la continua presión durante los últimos dos años" y la congelación de sus cuentas por supuestas irregularidades a la hora recabar fondos "no es algo accidental".
Para Kumar, "el constante hostigamiento por parte de agencias gubernamentales" se enmarca en las recientes presiones de AI y otras organizaciones para que tanto la Policía como el Gobierno indio respondan a las "graves violaciones de derechos humanos" en la Cachemira india y en los recientes choques comunales en Nueva Delhi.
AI: Ley excluye a musulmanes
Esos choques comunales de febrero en la capital dejaron más de cincuenta muertos y mientras las autoridades indias culparon a grupos de izquierda de incitar a la revuelta, organizaciones como AI acusaron a individuos próximos al partido nacionalista hindú BJP, del primer ministro Narandra Modi de realizar discursos de odio, al tiempo que subrayaron la falta de respuesta de la Policía.
En el fondo de los disturbios están las protestas contra la controvertida Ley de Ciudadanía, promulgada por el Gobierno de Modi y aprobada por el Parlamento indio en diciembre del año pasado, que acelera la obtención de la ciudadanía a inmigrantes procedentes de países vecinos, pero que excluye a los musulmanes.
Además, Amnistía Internacional fue muy crítica con la limitación de las libertades en la Cachemira india por parte del Gobierno, como el corte de Internet o la telefonía móvil y la limitación de movimientos, para evitar posibles protestas por la decisión unilateral del Ejecutivo de retirar el estatus especial a la región.
Mientras desde el Gobierno de Modi se defendió que la retirada de ese estatus especial supondría una aceleración en la modernización de Cachemira, los críticos ven en la decisión un modo de alterar la demografía de la única región de mayoría musulmana en la India.
