Por Maribel R. Coronel, periodista en temas de economía y salud, para El Economista.
Dado el cambio de balance político en Estados Unidos, donde hoy el Partido Demócrata controla la Asamblea de Representantes, a México le corresponde ser cauto y no adelantarse a la ratificación del nuevo TLCAN, ahora TMEC.
Es un nuevo ingrediente que podría cambiar las posiciones en planteamientos específicos, como es el caso de propiedad intelectual y particularmente en lo relativo a protección de datos donde se elevaron las exigencias. Está por verse cuál será en este renglón la posición de los legisladores estadunidenses, si se ratifica tal cual lo acordado en el nuevo tratado trilateral y cuáles serán los tiempos.
Para el caso de México, una diferencia es que el TMEC tiene que ser ratificado únicamente por el Senado y luego ya siguen las adecuaciones legislativas, igual de relevantes pues son las que delinean cómo implementar en este caso la protección de datos.
Por ello es que el sector farmacéutico mexicano está muy atento y pide que México no apure el proceso de ratificación si antes no está claro el siguiente paso del vecino país.
Los representantes de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) se han venido reuniendo con la Comisión de Salud del Senado, presidida por el senador Miguel Ángel Navarro, para hablar del tema y de la importancia para el sector salud de que haya terreno parejo en la competencia entre medicamentos genéricos -donde México tiene fuerza productiva- y medicamentos innovadores principalmente importados.
Con el cambio de gobierno, los de Amelaf, presidida por Arturo Morales -de Landsteiner- y dirigida por Juan de Villafranca, ven una buena coyuntura para emparejar la cancha. Sienten que los medicamentos producidos en México son competitivos y han ido pasando una a una las pruebas del regulador Cofepris que puso la vara alta desde hace años, pero a pesar de ello no compiten en igualdad de condiciones con los laboratorios extranjeros.
Y en este sentido hablan de una combinación de mecanismos que generan y extienden el tiempo de los monopolios de la patente al máximo, y los cuales van desde la propia protección de datos, la vinculación entre Cofepris e IMPI que no existe en otros países y los artilugios legales para que las patentes duren más de lo que deberían. Es un control tal del mercado, dicen, que perjudica a empresas como las de Amelaf al impedirles competir, pero ante todo al sector salud y al paciente sosteniendo innecesariamente elevados los precios de muchas terapias.
Recién se reunieron también con Juan Lozano, titular del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) a quien le hicieron ver la importancia de que no sean laxos los criterios de patentabilidad y exijan una verdadera innovación porque tirar una patente mal otorgada puede llevar hasta 10 años. Y ello es costoso para las farmacéuticas nacionales que producen genéricos o réplicas del medicamento original, pero también para el sector salud que debe pagar precios altos durante más tiempo derivado de múltiples patentes otorgadas a un solo producto.
Todos estos fueron temas tocados por los 30 miembros de Amelaf durante su asamblea anual celebrada en Guadalajara donde mostraron amplio poder de convocatoria con dueños de farmacéuticas de todo el país, que en conjunto detentan 40 plantas productoras de fármacos en territorio mexicano, incluidas Tijuana, Monterrey, Michoacán, ciudad de México y de estados como México y Jalisco.
Ahí los dueños de empresas farmacéuticas con amplio historial mostraron buen ánimo ante las políticas contra la corrupción, de austeridad y ahorro del gobierno, pero destacaron también la necesidad de que las autoridades le den a la industria nacional un mayor respaldo y confianza para permitirle seguir creciendo.
