Así lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos: los Estados deben asegurar a las parejas del mismo sexo acceso “sin discriminación” al matrimonio.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) dijo que Costa Rica y el resto de América Latina deben garantizar igualdad de derechos a las parejas del mismo sexo, incluyendo el matrimonio, una decisión que debe ser acatada por los 23 países bajo su jurisdicción.

La corte regional, que tiene su sede en San José de Costa Rica, emitió su opinión tras una consulta hace dos años del Gobierno de Costa Rica, pero su dictamen alcanza a todos los miembros del sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“El Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con (...) la Convención Americana de Derechos Humanos”, resolvió la Corte IDH en un amplio documento que sustenta su opinión.

El ente jurídico especificó que los Estados deben asegurar a las parejas del mismo sexo los mismos derechos “sin discriminación” con respecto a las heterosexuales, como el derecho al matrimonio y los derechos patrimoniales y familiares.

El Gobierno costarricense celebró la resolución, que le da respaldo al presidente Luis Guillermo Solís para cumplir con su promesa de ampliar los derechos al colectivo LGTBI (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales) en un país de mayoría católica.

“(La Corte IDH) reivindica los derechos de las personas LGTBI y recuerda a todos los Estados del continente, incluyendo el nuestro, su obligación y deuda histórica para esta población”, dijo la vicepresidenta de Costa Rica, Ana Helena Chacón, en rueda de prensa.

Algunos países de la región ya reconocen el matrimonio igualitario, incluyendo Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Uruguay y algunos estados de México.

Además la Corte IDH pidió a los estados que el cambio de nombre por “identidad de género autopercibida” sea un trámite rápido, confidencial y sin requisitos.

Los jueces interamericanos consideraron que los Gobiernos tienen el deber de garantizar estos derechos de manera transitoria mediante decretos o reglamentos, mientras se emprenden las reformas para incorporarlos a sus ordenamientos jurídicos.

Chacón dijo que el ejecutivo costarricense estudiará la resolución durante “los próximos días” y tomará acciones para respetar y acatar “en su totalidad” el criterio de la Corte.