El tema de la reciente CADE 2012 -Líderes empresariales, compromiso con el Perú- encierra un imperativo impostergable: los empresarios tenemos que ir más allá de lo que es “normal” o de lo que “nos corresponde”. Lo que empecemos a hacer desde el inicio mismo del año que empieza será fundamental para lograr el país justo y próspero que todos anhelamos de aquí a 2021.
La empresa privada es la impulsora del crecimiento y ha jugado un rol fundamental para alcanzar los indicadores macroeconómicos que hoy tenemos; hemos invertido y generado empleo, y no siempre en condiciones favorables, lo que ciertamente hace más meritorio el esfuerzo de la empresa privada. Sin embargo, debido a muchos factores -como la mala calidad educativa, débil institucionalidad, ineficiencia e incapacidad del Estado, altísimo porcentaje de economía ilegal, déficit de infraestructura, inseguridad ciudadana, injusticia, corrupción, entre otros- el avance macroeconómico en el Perú no es aún lo que constituye un desarrollo social y económico sostenible.
La paradoja que enfrentamos es que el progreso macroeconómico ocurre a la par que se amplía la brecha de la desigualdad, y ello es particularmente grave en zonas muy alejadas cuyos recursos naturales han permitido precisamente la generación de riqueza y los altos niveles de contribución tributaria. La ausencia del Estado -sumado a acciones exacerbadas por políticos con agenda propia, y algunas estrategias empresariales que ciertamente debieron manejarse mejor- ha originado que en varias zonas los pobladores desconfíen de las inversiones.
El gobierno estima que hacia 2021 el PBI superará los US$400.000 millones, lo que implica por cierto un inmenso volumen de ingreso fiscal. Pero para que ello suceda requerimos asegurar la inversión privada, incluyendo los miles de millones de dólares en inversión minera, que situaciones lamentables como la de Conga juegan en contra. Hay que observar con mucho cuidado un tema preocupante: según el Fraser Institute, en los últimos cuatro años hemos caído 25 posiciones en el índice global de atracción para la inversión minera, sólo en el último año bajamos ocho posiciones.
Los asistentes a la CADE 2012 señalamos cinco metas como las más importantes para 2021: (a) reducción significativa de la pobreza; (b) administración pública moderna y profesional; (c) reducción sustancial en los niveles de corrupción; (d) mejora significativa de la educación; y (e) mejora sustancial en la seguridad ciudadana. Nos quedan nueve años para entonces. Para lograr la primera meta, es crítico el logro de las otras cuatro, que están interrelacionadas y son interdependientes.
¿Qué significa que los empresarios hayamos señalado estas metas como las principales? Que cada vez nos estamos haciendo más conscientes de que la inversión y el desarrollo económico no pueden estar divorciados del desarrollo social y humano, y que lo primero no es sostenible sin lo segundo; en otras palabras, se está creando una consciencia de que hay que poner al Perú en primer lugar en nuestras agendas, caso contrario la sostenibilidad empresarial enfrenta serios riesgos.
Más allá del crecimiento del presupuesto nacional para el 2013 y de las buenas intenciones y esfuerzos, sabemos que los ministerios y los gobiernos regionales no serán capaces de ejecutarlos eficiente y oportunamente. El aparato estatal se mueve lento y no llega más lejos no porque no quiera, sino porque no está preparado para la tarea. Y eso aumenta el riesgo de retroceder todo lo avanzado en los últimos años, cosa que no podemos permitir. Nos tomaría décadas recuperar la marcha. Por tanto, gestar un liderazgo empresarial moderno y disruptivo que vaya “más allá” de lo que creemos que “nos corresponde”, no es más una opción, es una necesidad, no tenemos alternativa.
En la última CADE el ministro Castilla señaló la necesidad de que los empresarios cambiemos nuestra imagen de mercantilistas, que genera desconfianza e impide un trabajo en conjunto con una agenda en común. Marshall Goldsmith nos dijo algo similar: “deben ayudar más y juzgar menos”. “Ayudar más” significa aportar ideas, capital humano, tiempo y recursos, pero no en lo que interesa a nuestro sector o gremio, sino al país.
El Perú necesita un liderazgo empresarial diferente, con un futuro con propósito, y ese propósito no puede ser otro que el desarrollo social y humano del Perú, que es lo único que hará sostenible cualquier desarrollo económico. Nos toca a los empresarios ver más el largo plazo, desarrollar una visión compartida y establecer alianzas sólidas con el Estado y la Sociedad Civil para trabajar juntos pensando en el mejor interés del Perú. Ya lo dijimos tres de cada cuatro asistentes a la última CADE: “lo que es bueno para el Perú, es bueno para la empresa”; en ese orden, no al revés.